Nuevo Código Penal: desde la imprescriptibilidad al aumento de penas, los 22 cambios claves

Las sentencias de prisión perpetua ya no tendrán un plazo limitado: en los casos de homicidio agravado, ese castigo implicará permanecer recluido durante toda la vida.

Bullrich, al presentar la iniciativa, subrayó que los hechos de corrupción recibirán sanciones especialmente severas, ya que —según afirmó— quienes ocupan cargos públicos deben asumir una responsabilidad mayor y administrar con transparencia los recursos estatales. “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”, recalcó.

Además, la nueva legisladora indicó que se abandona definitivamente la llamada “doctrina Zaffaroni”, con el objetivo de evitar que personas con antecedentes delictivos recuperen la libertad de manera rápida. Según sostuvo, esta reforma pone fin a “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los casos mencionados se destacó el del homicidio simple, que hoy contempla una condena máxima de 25 años y que, con la reforma, se elevará a un tope de 30 años. Para el homicidio agravado también se prevén modificaciones, ya que se redefinirán los factores que incrementan la pena al momento de evaluar cada situación.

En términos generales, la propuesta constituye una modernización del sistema sancionatorio tras más de cien años de vigencia del Código Penal promulgado en 1921. El proyecto, además, impulsa un aumento en los castigos previstos, una reducción en la edad a partir de la cual una persona puede ser penalmente responsable y la incorporación de nuevos delitos al marco legal.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

• Violencia en ámbitos deportivos y eventos multitudinarios: La iniciativa introduce nuevos delitos destinados a castigar con mayor rigor cualquier hecho violento que se produzca en canchas, recitales u otras actividades con gran presencia de público. El texto contempla sanciones más elevadas tanto para quienes intervengan en peleas, desmanes o ataques en los alrededores de estos espacios, como para quienes los organicen, incentiven o intenten encubrirlos. El objetivo central es prevenir incidentes que comprometan la protección del público y el bienestar general.
• Narcotráfico: La propuesta refuerza y amplía el marco legal destinado a enfrentar el negocio ilegal de drogas. La reforma contempla todas las etapas del circuito —desde la siembra y la elaboración hasta la posesión, distribución y operaciones transfronterizas— y apunta a desarticular tanto a las organizaciones criminales como a los mecanismos económicos que las financian. Las sanciones serán aún más severas si en estos delitos participan agentes del Estado o si las maniobras afectan o utilizan a menores de edad.

• Decomiso y extinción de dominio: Se implementarán mecanismos mucho más rigurosos para garantizar que quienes sean responsabilizados penalmente queden despojados de manera permanente de los bienes obtenidos mediante hechos ilegales. La iniciativa promueve un sistema de extinción de dominio que bloquea cualquier intento de recuperar fondos, inmuebles o pertenencias vinculadas a delitos, e impide su traspaso a terceros con el propósito de encubrir su origen o eludir su incautación.
• Protección del patrimonio cultural: La iniciativa incorpora penalidades puntuales para quienes comercialicen, dañen, sustraigan o mantengan ocultos objetos con relevancia histórica, arqueológica o artística. La meta es frenar el expolio, resguardar los bienes que conforman la identidad nacional y enfrentar el circuito clandestino de arte, frecuentemente ligado a redes delictivas.
• Compra y tráfico de menores: El proyecto reafirma la prohibición absoluta de cualquier práctica asociada a la transferencia, negociación o entrega de niños y niñas con fines de explotación o adopciones irregulares. Además, incrementa los castigos previstos y extiende las responsabilidades penales tanto a quienes oficien como intermediarios como a quienes se aprovechen de situaciones de extrema fragilidad social.

• Delitos vinculados al ámbito familiar: El proyecto redefine y amplía las categorías penales relacionadas con conflictos dentro del hogar, sumando nuevas manifestaciones de violencia doméstica, desatención de obligaciones básicas y cualquier acción que vulnere los derechos de quienes se encuentran en mayor situación de fragilidad.
• Siniestros viales graves: La normativa endurece las respuestas penales ante la conducción imprudente, la circulación bajo sustancias, las competencias callejeras y los accidentes provocados por descuidos que terminan en muertes. El borrador contempla castigos más altos cuando se trate de múltiples damnificados, maniobras intencionales o fallas de extrema gravedad.
• Delitos contra la familia: La propuesta redefine las conductas punibles vinculadas al ámbito familiar, sumando nuevas manifestaciones de violencia, faltas a los deberes de cuidado y otros actos abusivos.
• Siniestralidad vial: La irresponsabilidad al volante —incluyendo manejar bajo el influjo de sustancias, competencias ilegales o choques mortales por imprudencia— será castigada con sanciones más severas.
• Imprescriptibilidad en delitos graves: La iniciativa establece que los crímenes más graves no podrán quedar exentos de castigo con el paso del tiempo. La imprescriptibilidad alcanza, entre otros, al homicidio, abuso sexual, grooming, trata de personas, terrorismo, financiamiento, y las distintas formas de narcotráfico.

• Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): El proyecto reafirma sin modificaciones la norma de 2020, garantizando que el acceso siga siendo un derecho vigente.
• Violencia de género: La propuesta endurece las figuras penales vinculadas a manifestaciones de violencia machista, incluyendo agresiones sexuales, hostigamiento virtual y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Contempla aumentos de pena cuando los ataques estén motivados por género, identidad u orientación sexual.

Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal

• Cibercrimen: La propuesta incorpora nuevas tipificaciones: estafas informáticas, intrusiones sin autorización, suplantación de identidad, captación de menores mediante medios electrónicos y distribución no consentida de contenido íntimo, asociada a la “pornovenganza”.
• Motochorros: Se tipifican con más detalle las acciones delictivas realizadas con motocicletas, sumando agravantes especiales por su peligrosidad.
• Criminalidad ambiental: El texto incluye delitos como el ecocidio y tipos de contaminación agravada, con sanciones severas para daños irreparables a ecosistemas o reservas naturales.

• Delitos de corrupción: Incluye sobornos, enriquecimiento ilícito y conflictos de intereses, con aumentos importantes en sus penas.
• Lavado de activos: Se refuerza la ofensiva contra la circulación y legitimación de fondos ilícitos, con mecanismos para mejorar el decomiso y la recuperación de bienes.
• Terrorismo: La normativa se alinea con Naciones Unidas y el GAFI, incluyendo ataques contra instalaciones estratégicas y redes de energía.
• Financiamiento del terrorismo: Se amplía la definición penal de maniobras destinadas a financiar actividades terroristas, incorporando el bloqueo anticipado de bienes y cooperación internacional.
• Crimen organizado transnacional: Se incluyen delitos como el tráfico ilegal de armamento, explotación y traslado forzado de personas, contrabando y grandes operaciones coordinadas por redes internacionales.
• Estabilidad fiscal y monetaria: Se fijan castigos más duros para conductas económicas ilícitas como evasión tributaria, contrabando agravado, falsificación de moneda y maniobras especulativas.

• Capítulo orientado al sistema electoral: Se ordenan más de treinta tipos penales para asegurar procesos limpios, equitativos y libres de presiones. Se penalizan acciones que desvirtúen el voto o comprometan la imparcialidad.

La reforma incorpora también conductas digitales: intervención de algoritmos, fabricación o modificación de datos, imágenes o identidades, información engañosa, perfiles automatizados y tácticas de segmentación manipuladora destinadas a influir en el electorado.