El gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza para que se resuelva la validez de los vetos del Ejecutivo a dos leyes sobre hidrocarburos aprobadas por la Legislatura.
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El Gobierno de La Pampa llega a la Justicia por leyes vetadas
Dos leyes aprobadas por la Legislatura provincial no respetan los parámetros de promoción del sector económico acordada con la OFEPHI, por lo que el Ejecutivo debió recurrir a la justicia para ratificar el veto.
El primer mandatario pidió la adecuación a la tasa de alícuota de Ingresos Brutos a la norma nacional para que no se les cobre más de un 3 por ciento de impuesto a los ingresos brutos. En la provincia las empresas petroleras pagan el 3 por ciento, pero cuando la facturación supera los 500 millones de pesos, el tributo se eleva al 3,9 por ciento, por encima de lo acordado con la Nación en el acuerdo que posibilitó la sanción de la ley de Hidrocarburos.
Además, Jorge vetó la ley que le otorgaba de manera exclusiva la explotación del área conocida con el nombre "Ayala II" a la empresa estatal pampeana "Pampetrol", pero no contó en ninguno de los dos casos con el acompañamiento de su bloque. La disputa interna por la sucesión de Jorge llegó hasta el Poder Legislativo, donde el PJ tiene mayoría absoluta, pero los diputados oficialistas frenaron varias normas del primer mandatario.
En esta ocasión, cuando Jorge vetó las dos leyes por no adecuarse a lo acordado en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), se los rechazaron bajo el argumento de que fue comunicado fuera de término.
"Se interpone en el Tribunal una acción declarativa de certeza, respecto a los vetos que introdujo mediante los decretos 539 y 571, a las leyes de la Cámara de Diputados 2798 y 2803", dijo Marcos Paz, asesor letrado de gobierno a Plan B Noticias.
"En función de esos dos proyectos el gobernador los veta dentro de los diez días y remite a la Cámara de Diputados, para el tratamiento. La Cámara tenía dos opciones: o confirmarla con los tercios o bien el veto era viable y la ley no quedaba sancionada", recordó.
Paz sostuvo que "el decreto de veto se dictó dentro de los diez días y se notifica a la Cámara al otro día, pero la Cámara interpreta que en esos diez días se debió haber vetado y comunicado, cosa que no dice la Constitución", dijo.
"En realidad eso es un absurdo. Estamos hablando de la formación de una ley, que debe interpretarse con carácter restrictivo. Yo no puedo decir que me notificaste fuera de los diez días y entonces la ley queda automáticamente sancionada. En todo caso, si hay una divergencia, prima conocer cuál es la verdadera voluntad de los diputados: si ellos querían que quede sancionada, debían tener los dos tercios", afirmó.
"Ante esta disparidad de criterios ante una situación formal, es necesario que determine el tercer poder de la provincia, que es el Superior Tribunal y eso es lo que vinimos a presentar", subrayó.
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