La Corte Suprema dejó vigente este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo debido a que no existía una sentencia definitiva y mantuvo, por ahora, la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
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La Corte Suprema mantuvo la cautelar por el financiamiento universitario
La Corte Suprema mantuvo la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario. El máximo tribunal rechazó la apelación del Gobierno
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme durante esta etapa del proceso la orden judicial dictada anteriormente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. La medida no resuelve todavía el planteo de fondo, que continúa en trámite y busca determinar la constitucionalidad del decreto 759/2025.
Qué establece la medida cautelar de la Corte Suprema
La causa se inició a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo cuestiona el decreto mediante el cual el Estado dispuso que la Ley de Financiamiento Universitario solo podía ejecutarse una vez que se determinaran las fuentes específicas de los recursos necesarios para aplicarla.
Antes de resolver la cuestión de fondo, la Justicia ordenó al Gobierno cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos puntos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de todos los programas destinados al estudiantado.
Qué aspectos quedaron fuera
La cautelar no abarca la totalidad de las disposiciones incluidas en la Ley de Financiamiento Universitario. Quedaron fuera de esta instancia la recomposición presupuestaria correspondiente a los años 2024 y 2025, junto con otros gastos relacionados con programas de asistencia y fortalecimiento del sistema universitario. Por este motivo, la decisión de la Corte mantiene únicamente la obligación de cumplir los artículos vinculados con los salarios y los programas estudiantiles.
Los argumentos de la Cámara
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho planteado por los representantes de las universidades. Además, sostuvo que el Congreso Nacional había insistido en la sanción de la ley luego del veto del Poder Ejecutivo y que el Gobierno resistía su aplicación sobre la base de una norma anterior y de menor jerarquía.
El tribunal también advirtió que la falta de aplicación podía provocar perjuicios graves y profundizar el deterioro salarial, con posibles efectos sobre los derechos de enseñar y aprender. En su análisis, la Cámara consideró que el ahorro generado por el incumplimiento de la norma no representaba una cifra significativa dentro del presupuesto total de la Administración Pública Nacional.
La apelación presentada por el Gobierno
Luego del pronunciamiento de la Cámara, el Estado Nacional recurrió ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la cautelar. También recusó a los jueces que habían intervenido en el expediente y solicitó la excusación de los integrantes del máximo tribunal, con el argumento de que ejercían la docencia universitaria.
Esos planteos ya habían sido rechazados. En la resolución conocida este jueves, la Corte declaró inadmisible el recurso presentado por el Gobierno debido a que la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De esta manera, la orden judicial continuará vigente mientras avanza la causa principal.
El acuerdo firmado el 10 de junio
El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que asumió el compromiso de transferir fondos para incrementar un 24,33 % la masa salarial universitaria. El acuerdo también incluyó una suba del 20 % en los gastos de funcionamiento y la ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los $50.000 millones.
El documento fue firmado por representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones gremiales docentes y no docentes.
La recomposición salarial contempló el desfasaje de 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7 % a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo registrada durante 2024. También se acordó una actualización del 50 % para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
Continúa la discusión salarial
Las partes establecieron un cuarto intermedio en las negociaciones paritarias hasta el 15 de septiembre. En esa instancia se discutirá una nueva actualización salarial de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor y la recomposición correspondiente al desfasaje de 2024.
Mientras tanto, la decisión de la Corte mantiene vigente la obligación del Estado de cumplir con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con la recomposición de los programas estudiantiles.
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