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SUSCRIBITELa ley de financiamiento universitario espera una definición de la Corte Suprema tras el reclamo impulsado por universidades nacionales.
Corte Suprema de la Nación.
Cuarta marcha federal universitaria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de emitir una sentencia sobre la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la ejecución de fondos destinados al sistema educativo superior.
El máximo tribunal avanzó este martes en el expediente y las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdos prevista para el jueves, aunque no existen plazos definidos para una resolución.
El conflicto judicial se originó luego de que el Gobierno nacional cuestionara la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que había sido parcialmente vetada en 2025 y posteriormente ratificada por el Congreso.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley no especifica claramente de qué partidas presupuestarias deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento.
La normativa contempla una actualización automática de las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes.
También prevé refuerzos presupuestarios destinados a becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, la implementación de la ley quedó limitada a partir de la Ley de Presupuesto 2026 y de la Decisión Administrativa 20/2026.
Frente a esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia.
En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema argumentando que la aplicación de algunos artículos de la ley podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para exigir la liberación de las transferencias pendientes.
Hasta que la Corte no se expida, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a transferir los fondos reclamados.
Fuentes judiciales indicaron que la Corte podría rechazar el recurso presentado por el Gobierno utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mecanismo que le permite desestimar el planteo sin tratar el fondo de la cuestión.
Si eso ocurre, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Estado nacional a cumplir con las transferencias previstas por la ley.
Luego de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada este martes en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional minimizó la convocatoria y calificó la movilización como una “marcha política”.
Desde Casa Rosada insistieron en que la protesta fue impulsada por sectores opositores con fines políticos.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que en la movilización participaron dirigentes políticos, sindicales e intendentes “que buscan sacar provecho de una causa noble”.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y compartió en redes sociales mensajes críticos contra la protesta, aunque evitó realizar declaraciones públicas sobre la movilización.
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