La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Inspección General de Justicia sumó un nuevo capítulo luego de que el organismo de control solicitara formalmente la designación de veedores para acceder a información contable y financiera que, según sostuvo, no fue entregada en tiempo y forma.
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La dura respuesta del Chiqui Tapia a la Inspección General de Justicia
El Senado convirtió en ley la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de dos décadas de negociaciones. La votación fue 69 a favor y 3 en contra.
Ante esa decisión, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, difundió un comunicado institucional en el que rechazó la medida y cuestionó su fundamento. Desde la entidad calificaron la resolución como una acción “ilegítima” y anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar su aplicación.
La discusión por las “graves irregularidades”
La IGJ, encabezada por Daniel Roque Vítolo, fundamentó su resolución en la detección de “graves irregularidades” en la documentación presentada por la entidad. Sin embargo, desde la AFA pusieron en duda esa calificación.
“Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’?”, plantea el comunicado en uno de sus puntos centrales. Y agrega: “Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”.
La conducción también rechazó que existan balances no presentados y aseguró que los ejercicios correspondientes a los últimos años “fueron presentados en tiempo y forma” y se encuentran dentro de procedimientos administrativos en curso.
Cambio de domicilio y trasfondo político
Otro de los ejes de la respuesta se centra en el traslado del domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. La AFA defendió la legalidad de esa decisión al señalar que fue aprobada por la autoridad provincial competente y que cualquier controversia debe resolverse en la Justicia.
Además, el comunicado vinculó la medida con un debate político más amplio. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas”, sostiene el texto, al tiempo que remarca que “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”.
La entidad adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si es necesario, a la Corte Suprema, para frenar la veeduría. “Recurriremos a la justicia para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, concluye el documento.
El conflicto abre un nuevo frente entre la AFA y el Ministerio de Justicia de la Nación, que había respaldado el pedido de la IGJ, y traslada la disputa al plano judicial.
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