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SUSCRIBITELa Fiscalía solicitó que Cristina Kirchner sea trasladada a una prisión común por no tener "razones humanitarias" para su domiciliaria.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron hoy una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años de prisión en una unidad carcelaria, en lugar de continuar bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Monserrat.
En su dictamen, los fiscales sostuvieron que no existen "razones humanitarias" que justifiquen el otorgamiento de una medida excepcional como la prisión domiciliaria. Además, señalaron que la edad de la ex mandataria (72 años) no constituye un motivo automático para acceder a este beneficio. En este sentido, mencionaron el caso del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien se le rechazó un pedido similar por haber cumplido 70 años.
Asimismo, Luciani y Mola argumentaron que la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de la ex presidenta. En su presentación, destacaron que no se han presentado razones de salud o personales que permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario.
La apelación presentada por la Fiscalía será evaluada por la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Este tribunal también tiene pendiente la resolución sobre el régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica, temas que han sido objeto de controversia en torno a la prisión domiciliaria de la ex presidenta.
El Tribunal Oral Federal 2, que le concedió la prisión domiciliaria, deberá acatar lo que disponga la Cámara de Casación. En caso de que se revoque la medida, Cristina Kirchner debería cumplir su condena en una unidad carcelaria, según lo solicitado por la Fiscalía.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa conocida como “Vialidad” por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia, emitida por el Tribunal Oral Federal N°2 en diciembre de 2022 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2025, estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa investigó el direccionamiento de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, a favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado en el mismo proceso. Se alegó que estas adjudicaciones se realizaron sin licitación pública, con sobreprecios y demoras injustificadas, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado nacional.
El juicio comenzó en 2019 y concluyó en 2022 con la condena mencionada. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia del tribunal oral, aunque descartó el delito de asociación ilícita que había sido solicitado por la Fiscalía. Finalmente, en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa y dejó firme la condena.
Tras la confirmación de la condena, Cristina Kirchner fue autorizada a cumplir la pena en prisión domiciliaria debido a su edad (72 años) y por razones de seguridad, tras un intento de magnicidio previo. Actualmente, reside en su departamento bajo monitoreo electrónico y con restricciones en las visitas que puede recibir.
La defensa de la ex presidenta sostiene que fue víctima de persecución política y judicial, mientras que sectores de la oposición celebran el fallo como un avance en la lucha contra la corrupción.
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