La campaña electoral anticipada que lanzaron algunos precandidatos con cartelería en la vía pública, que investiga la Justicia, complicó también a un actor secundario pero importante en el proselitismo electoral. Las agencias de publicidad y empresas que poseen licencias de carteles de vía pública fueron intimadas el viernes por la Justicia al advertir que al prestar sus servicios para fines electorales fuera del período legal podrán ser sujetos de acciones judiciales con perjuicios económicos y penales.
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La Justicia envía intimaciones por campaña anticipada
Es por los carteles en vía pública en 2014, antes de que lo permita la ley electoral; también pidió información a la ANAC sobre vuelos privados de precandidatos.
"Debe advertirse que las campañas para las elecciones primarias del próximo 9 de agosto inician legalmente 30 días antes del acto electoral, de modo que sólo serán lícitas desde el 10 de julio", indica el oficio emitido el viernes por la Cámara Nacional Electoral al que accedió el diario La Nación. El documento fue enviado a seis asociaciones que nuclean a más de 500 empresas.
El texto, fechado el 13 de marzo, concluye: "Para el caso de infracción a las normas transcriptas, la legislación prevé la instrucción de procesos judiciales que pueden derivar en sanciones de tipo penal y/o económico".
El oficio fue sólo una formalidad. La Cámara Electoral convocó el jueves a las asociaciones que agrupan a las agencias de publicidad y los licenciatarios de carteles en vía pública para advertirles sobre la situación. El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de los temas electoral, también participó del encuentro. Fue, incluso, el más contundente a la hora de advertir sobre las consecuencias penales que podrían sufrir por prestar servicios para la campaña anticipada y anticipó abiertamente que impulsará cada caso que reciba con este delito.
Fuente: La NAción
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