Esto se verifica particularmente cuando quien ofrece el crédito para el consumo es una mutual, cooperativa, financiera o prestamista; oferentes de crédito sometidos a escasos o nulos controles, que operan con tasas de interés que suelen superar en más de 80 puntos porcentuales la ofrecida por la banca pública, según el informe “Créditos para el consumo: análisis del impacto socieconómico y su impacto en sectores populares” elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
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Los préstamos informales "profundizan desigualdades"
“Efectivo ya sin recibo de sueldo” o “Préstamos personales con o sin Veraz” pueden ser ofertas tentadoras para personas necesitadas de dinero y no bancarizadas, pero las elevadas tasas de interés detrás de estos eslóganes pueden resultarles “ruinosas”.
Si bien quienes acceden a estos préstamos en efectivo puede ser víctima de distintos delitos -como usura, extorsión y hasta de acoso o coacción-, raramente realizan la denuncia o avanzan procesalmente; mientras que el deudor es rápidamente embargado y sus bienes ejecutados si se atrasa en los pagos y el acreedor le inicia un juicio ejecutivo en el fuero civil y comercial.
“El acceso formal al sistema financiero históricamente ha estado reservado a sectores medios y altos. Ahora también está llegando a los sectores populares”, dijo a Télam el titular de la Procelac, Carlos Gonella.
Esto se verifica en que las financieras que otorgan préstamos para el consumo en la Ciudad de Buenos Aires, se concentran en los centros comerciales de los barrios de Liniers, Pompeya, Flores, Caballito, Once y Constitución, es decir en la zona sur de la Capital, “caracterizada por tener menores ingresos per cápita que el promedio”.
“Pero estas personas que toman esos créditos a una tasa exorbitante y con condiciones muy simples, después se ven involucradas en problemas judiciales porque estos entes apelan a abogados que utilizan métodos intimidantes e interponen juicios que resultan muy rápidos, porque el juez no se pone a analizar la causa fuente del préstamo en sí”, agregó.
De los 58 casos relevados por la Procelac en la Justicia Comercial vinculados a operaciones de crédito para el consumo, en 53 de ellos “se procedió conforme a la pretensión de la entidad financiera” (ejecutando pagarés) y “más del 90 por ciento estos juicios se declararon en rebeldía, es decir que el demandado nunca compareció para defenderse”.
“Ahí es donde el Estado debe intervenir porque es bueno y sano que el sistema financiero alcance cada vez más a un mayor número de personas, pero tiene que haber una regulación para evitar estas asimetrías, porque una de las partes es tan vulnerable que no tiene posibilidades de defenderse y termina pagando 10 veces más”, consideró Gonella.
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