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SUSCRIBITEUna vez que la Corte acepte formalmente la desestimación quedará convalidada la reforma de la Constitución de Jujuy.
Sesión que trató la Reforma en 2023.
Este martes, se conoció que el Gobierno Nacional desistió de un recurso presentado por el Gobierno de Alberto Fernández ante la Corte Suprema de la Nación contra la reforma de la Constitución que impulsó el ex gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales el año pasado.
El recurso pedía declarar inconstitucional los cambios en la carga magna provincial. Lo hizo en un escrito enviado al máximo tribunal y cuando la Corte oficialice esta decisión, la normativa quedará convalidada.
Cabe destacar que en junio del año pasado, mientras se realizaba la sesión para tratar esta reforma hubo serios incidentes afuera de la Legislatura de Jujuy. Por los mismos hubo, al menos, 58 detenidos y 70 heridos.
Como antecedente al desistimiento, la Corte ya se había declarado incompetente en dos casos que involucran la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, al considerar que no corresponden a los temas de su competencia originaria.
El Gobierno de Alberto Fernández planteaba la "gravedad institucional" generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, ya que "está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan".
La presentación destaca que organismos Internacionales de derechos humanos, "con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma".
La demanda gubernamental afirma que "el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, nada de eso establecía el texto constitucional aprobado en Jujuy explicó Morales.
El escrito presentado a la Corte también solicitaba que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial "se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa".
"Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas", afirmó la demanda del gobierno, y sostuvo que "el Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes".
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