La entidad que agrupa a las principales productoras de hidrocarburos presentó hoy una “acción de amparo en defensa del desarrollo del mercado de hidrocarburos en el país" ante la ante la Justicia Federal de Neuquén”
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Petroleras contra el congelamiento de precios: presentaron un recurso de amparo
El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de Necesidad y Urgencia 566/2019 y 601/2019, que sentaron las bases legales del actual congelamiento de precios”.
La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional después de las PASO el 11 de agosto después de que se produzca un fuerte desequilibrio económico a causa de una devaluación de 20% a raíz del cual se congeló por 90 días el precio de los combustibles.
El amparo cuenta con el respaldo de las empresas integrantes de la cámara como YPF, Pan American Energy Group, Raizen Argentina, Pluspetrol, Total Austral, Chevron y Shell Argentina, entre otras, cuyos principales directivos fueron recibidos a mediados de septiembre por el presidente Mauricio Macri.
La CADE, entre sus argumentos sostiene que "esas medidas afectan en forma directa el normal desarrollo del mercado de hidrocarburos y combustibles en el país".
Explicó que todas las empresas integrantes de la Cámara "siempre mantuvieron una actitud responsable frente a los movimientos de precios, compatibilizando las necesidades de sus clientes y los del propio negocio", por lo cual acciona para resguardar sus intereses.
La medida fue presentada en los tribunales federales neuquinos por considerar que en esa jurisdicción coinciden los intereses y la actividad de todos los asociados de la Cámara.
Hasta el momento, la petrolera Vista Oil&Gas había sido la única en presentarse ante la justician para rechazar las medidas del Gobierno, que tiene confirmada la fecha del 14 de noviembre como límite para devolver la libertad de mercado para que las compañías fijen sus precios.
Desde el 18 de septiembre las petroleras pudieron disponer de un aumento del 4% en el precio de los combustibles, tras la autorización otorgada por el Gobierno a raíz de la volatilidad internacional del precio del petróleo, que, sostenían, hacía insostenible el congelamiento dispuesto tras las elecciones primarias.