Con el fin de evitar saqueos similares a los ocurridos durante el 2013, el Congreso Nacional decretó que cualquier miembro de fuerza de seguridad que abandone injustificadamente el servicio será reprimido con una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.
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Prisión para policías que abandonen sus funciones
Atentos a evitar la posibilidad de que se repitan los lamentables hechos vividos por argentinos en distintas provincias a fines del año pasado cuando miembros de las policías provinciales se acuartelaron y se sucedieron saqueos en establecimientos comerciales privados, el Congreso de la Nación modificó el artículo 252 del Código Penal a partir de lo cual, los representantes de las fuerzas de seguridad que abandonen sus funciones, cumplirán penas de prisión.
Si como consecuencia del abandono se produjeran daños a bienes de la fuerza o terceros la pena será de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos.
De esta manera, el Congreso dio un mensaje claro y unívoco para que los saqueos no se repitan.
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