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SUSCRIBITELa investigación alcanza a Jaldo, Kicillof, Frigerio, Ziliotto y Poggi; la justicia hizo un registro en su vivienda ubicada en el barrio de Núñez.
Una cantante fue denunciada por usar datos de gobernadores para comprar ropa en el exterior.
Una cantante de Santiago del Estero, con 425 mil seguidores en Instagram, fue acusada de emplear datos fiscales pertenecientes a cinco gobernadores provinciales para importar prendas de vestir. La artista es Valentina Olguín, y habría excedido su límite individual para adquisiciones en el extranjero.
Ante esto, decidió usar la información tributaria de Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi, efectuó nuevas transacciones con propósitos comerciales. El proceso judicial, que comenzó a finales de 2024 tras la denuncia presentada por el gobernador de Tucumán, culminó con un registro en la vivienda de la cantante ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron ropa, aparatos electrónicos y dinero en efectivo.
La investigación está bajo la dirección del fiscal federal Agustín Chit y se tramita en el juzgado federal de Tucumán, liderado por José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta una posible transferencia de competencia debido a que la denuncia también fue presentada en Buenos Aires. La acusación contra Olguín señala que empleó CUIT, nombres completos, documentos de identidad y domicilios fiscales de funcionarios de alto rango para evadir la restricción aduanera que limita a cinco envíos anuales con un valor máximo de 5000 dólares cada uno.
Las adquisiciones se efectuaban mediante el sistema simplificado de Courier, que presenta requisitos y verificaciones menos rigurosos que el procedimiento convencional para importar. La alerta inicial apareció cuando Osvaldo Jaldo, mandatario de Tucumán, recibió un mensaje electrónico proveniente de una compañía extranjera que le notificaba sobre una transacción a su nombre, la cual él no había autorizado ni efectuado.
Al detectar la anomalía, el gobernador presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán, lo que dio inicio a una investigación que terminó abarcando otras cuatro jurisdicciones. Poco después, se sumaron a la causa los mandatarios de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, cuyos datos personales también habrían sido usados en transacciones similares.
De acuerdo con el análisis de los peritos, las adquisiciones se enfocaban en prendas de vestir con alto valor comercial, que posteriormente Olguín comercializaba a través de una tienda virtual sin registro oficial. La coordinación de los envíos se realizaba desde una vivienda en el barrio porteño de Núñez, donde la cantante tiene su residencia.
Desde ese domicilio, los artículos eran enviados mayormente a compradores de Santiago del Estero, Córdoba y diversas provincias más.
En su declaración inicial, Olguín reconoció haber excedido su cupo de adquisiciones, aunque justificó el uso de los datos afirmando que eran de acceso público en la web. Por su parte, el fiscal Chit evaluó que hay pruebas suficientes para afirmar que la cantante actuó con plena conciencia y intención de engañar, razón por la cual se la acusa formalmente por el delito de contrabando simulado.
La acción policial se realizó luego de obtener el visto bueno del magistrado federal Díaz Vélez y fue llevada a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional en el inmueble residencial de la cantante. En ese lugar se incautaron múltiples bolsas con prendas, papeles y aparatos electrónicos que actualmente integran el expediente legal.
Entre los objetos recuperados se encontraron también sobres con apuntes que incluían diversas mezclas de nombres completos, números de CUIT y direcciones fiscales, lo cual fortalece la hipótesis de que la operación ilícita no se restringió a un incidente aislado.
Los investigadores judiciales mantienen abierta la posibilidad de que haya más individuos involucrados en este mismo esquema, y que los mandatarios provinciales señalados hasta ahora no sean los únicos cuyas informaciones personales fueron empleadas sin autorización.
Hasta ahora, Valentina Olguín no fue arrestada, aunque enfrenta una acusación formal y su estado legal quedará sujeto al desarrollo de las diligencias ordenadas por el tribunal federal. No se registraron pronunciamientos oficiales desde el círculo cercano de la cantante. Además, no se ha comunicado si se solicitará una excarcelación o si se planeará alguna táctica para aliviar la gravedad de la acusación.
Simultáneamente, el Poder Judicial analiza si debe mantener la causa en Tucumán o si es más adecuado remitir el caso a los tribunales federales de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el lugar desde donde se coordinaban las operaciones de Olguín está ubicado en la capital del país.
La decisión sobre qué tribunal tiene jurisdicción podría afectar la velocidad del procedimiento, debido a que implicaría el traslado de evidencias y actuaciones entre órganos judiciales con diferentes competencias territoriales.
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