Tras un encuentro de la mesa política, el Gobierno comenzó a definir el orden de sus objetivos legislativos y apuesta al respaldo de los gobernadores para sostener el avance de las reformas durante los próximos meses. La Casa Rosada busca volver a poner en marcha la actividad parlamentaria la semana próxima con una sesión en el Senado el 4 de junio.
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El Gobierno acelera su agenda en el Congreso y busca respaldo de gobernadores para las reformas
Buscan reactivar las tareas parlamentarias con una sesión clave en el Senado y el respaldo de gobernadores, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.
Allí, intentará avanzar con pliegos judiciales, el proyecto de Propiedad Privada y el acuerdo con los holdouts vinculado al default de 2001.
En la Casa Rosada buscan que esa sesión funcione como una muestra de estabilidad política y legislativa luego de varios días marcados por conflictos internos. Esa estrategia formó parte de la reunión de la mesa política realizada el martes, donde Santiago Caputo y Martín Menem volvieron a coincidir tras la controversia surgida dentro del oficialismo.
La estrategia oficial para recuperar volumen legislativo
En Balcarce 50 sostienen que no se abordaron las diferencias internas y que la reunión estuvo enfocada exclusivamente en la situación parlamentaria de las reformas enviadas al Congreso.
El respaldo político sobre el que busca apoyarse el oficialismo volverá a estar basado en los acuerdos construidos con gobernadores dialoguistas —principalmente del Norte del país— junto al PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. En la Casa Rosada remarcan que esa estructura ya fue clave para reunir apoyos en proyectos como Zonas Frías, Ley Hojarasca, Glaciares y la reforma laboral.
El objetivo del Gobierno es replicar ese esquema de alianzas para impulsar las iniciativas que quedaron pendientes para junio, entre ellas Super-RIGI, Lobby, Etiquetado Frontal y Ludopatía.
La negociación en el Congreso también está vinculada con la estrategia electoral de 2027. Dentro del Ejecutivo buscan afianzar pactos de gobernabilidad con distintos mandatarios provinciales para “proteger la gestión” antes del inicio pleno del calendario electoral. En Balcarce 50 señalan acuerdos con dirigentes como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, y aseguran que no descartan ampliar esa estrategia hacia otras provincias.
El paquete vinculado a propiedad privada figura entre los temas más urgentes para el Senado. La iniciativa ya fue retocada durante las conversaciones con sectores aliados y el Gobierno la considera parte de una agenda destinada a dar señales de seguridad jurídica para inversiones, tierras y bienes productivos.
Los proyectos que el Gobierno busca acelerar en el Senado
La estrategia oficial apunta a tratar ese proyecto junto con el acuerdo destinado al pago de US$171 millones a dos fondos con fallos firmes relacionados con el default, un expediente que el Ejecutivo pretende enviar rápidamente a la Cámara de Diputados.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, impulsado por Estados Unidos y que ya cuenta con dictamen en Diputados, todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento.
Dentro del Ejecutivo circulan distintas hipótesis sobre las razones de la demora. Algunos sectores creen que el Gobierno espera una señal de Washington vinculada a la reducción arancelaria contemplada en el acuerdo comercial —afectado por complicaciones judiciales—, mientras que otros atribuyen la postergación a posibles cambios adicionales en el proyecto.
Aunque algunos funcionarios estiman que podría debatirse durante la segunda semana de junio, por ahora no existe una confirmación oficial. La reforma electoral avanza por una vía distinta y, dentro de la Casa Rosada, la consideran una de las discusiones más difíciles de encarar.
Aunque en el Gobierno continúan ubicándola entre sus prioridades políticas, reconocen que hoy no cuentan con los apoyos necesarios para aprobarla sin ceder en varios puntos. Las conversaciones vinculadas a las PASO, el mecanismo de votación y el financiamiento de las campañas demandarán más tiempo y negociaciones con gobernadores y sectores dialoguistas del Congreso.
En paralelo, la mesa política de Balcarce 50 intenta organizar el avance legislativo del último conjunto de proyectos enviados al Parlamento.
Las nuevas reformas económicas y regulatorias
El proyecto de Súper RIGI y la iniciativa sobre gestión de intereses fueron presentados en la Cámara de Diputados, mientras que los textos vinculados a ludopatía y a la eliminación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable —que dejaría sin efecto el actual sistema de etiquetado frontal— ingresaron al Senado. Desde el Gobierno nacional aclaran que el envío de estas propuestas al Congreso no significa que vayan a ser debatidas de manera inmediata.
El Súper RIGI representa la principal apuesta económica dentro de ese paquete de proyectos. La iniciativa propone un esquema destinado a incentivar grandes inversiones en sectores industriales emergentes, con un mínimo de US$1000 millones por emprendimiento, además de otorgar beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y previsionales.
El proyecto también establece que provincias y municipios deberán adherir al régimen para que las empresas puedan acceder a los incentivos nacionales, un aspecto que obligará al Gobierno a abrir negociaciones directas con los gobernadores.
La iniciativa sobre lobby tiene como objetivo ordenar y transparentar la representación de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, mediante mecanismos de control sobre reuniones, actores involucrados y finalidades de cada gestión.
Iniciativas pendientes y diferencias internas por el Código Penal
Por su parte, el proyecto vinculado a ludopatía propone establecer mayores regulaciones para las apuestas online, con medidas orientadas a resguardar a menores de edad, limitar el funcionamiento de plataformas clandestinas y permitir el bloqueo de sitios y sistemas de pago no habilitados.
En paralelo, la reforma alimentaria impulsa la derogación de la ley 27.642 y plantea eliminar los sellos octogonales negros que actualmente aparecen en los envases de alimentos. En la mesa política todavía no se resolvió cuándo será enviada la segunda etapa de reformas prevista para junio. Ese nuevo paquete contemplaría modificaciones vinculadas a sociedades, competencia, juicio por jurados y desregulación.
Dentro del Ejecutivo admiten que las iniciativas no se encuentran en el mismo estado de desarrollo. Mientras el proyecto de desregulación aún tiene apartados en elaboración, las propuestas relacionadas con sociedades, competencia y jurados presentan un mayor nivel de avance técnico.
La reforma del Código Penal continúa demorada en el área de Legal y Técnica debido a diferencias políticas y criterios técnicos entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques.
Por el momento, el proyecto no integra las prioridades inmediatas del Gobierno. En la Casa Rosada aseguran que primero intentarán encaminar la reforma electoral y las iniciativas que ya ingresaron al Congreso, para luego avanzar con el resto de los cambios previstos. Además, el cronograma oficial tiene una fecha límite clave: en septiembre, el Ejecutivo deberá enviar el Presupuesto 2027.
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