El Gobierno oficializó este jueves la adjudicación de la mayor privatización del período de Javier Milei: la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, conocida como Hidrovía, a la firma belga Jan de Nul junto a su socia argentina Servimagnus.
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El Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul y cierra la mayor privatización de la era Milei
Tras un año y medio y dos licitaciones, la firma belga junto a Servimagnus ganó la concesión y reducirá un 13,5% las tarifas logísticas a exportadores.
La decisión quedó establecida en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.
La privatización de la Hidrovía se hizo tras un año y medio de tensiones
De este modo, después de más de un año y medio de proceso, el Gobierno concreta la privatización más relevante y estratégica de su administración, con una reducción inicial del 13,5% en las tarifas de peaje: pasarán de los actuales 4,30 dólares por tonelada de registro neto a 3,80, hasta que se lleven adelante las obras de profundización del dragado. Posteriormente, el valor se incrementará a 4,65 dólares y finalmente alcanzará los 5,78 dólares.
Como las ofertas económicas terminaron igualadas —ya que ambos postulantes presentaron el valor mínimo establecido en el pliego—, la definición se resolvió por la propuesta técnica.
En ese aspecto, Jan de Nul y Servimagnus lograron imponerse frente a la otra empresa belga, Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME), luego de que el Gobierno otorgara mejor puntaje a Jan de Nul por su trayectoria previa en las tareas realizadas sobre la Hidrovía.
La compañía fue responsable de la concesión durante 25 años, entre 1996 y 2021, y, una vez finalizado ese período, continuó operando bajo un esquema contractual transitorio, mientras la gestión pasó a estar en manos del Estado.
La privatización más importante de Milei
La Hidrovía es reconocida como el corredor logístico más importante del país, dado que reúne la mayor actividad portuaria y productiva de la Argentina. A lo largo de su trazado se distribuyen alrededor de 60 terminales y por esta vía se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales.
Este proceso de privatización fue, además, el que más complicaciones generó dentro del Gobierno. El primer llamado a licitación, realizado entre fines de 2024 y febrero de 2025, terminó cayéndose en medio de acusaciones del PRO y la Coalición Cívica por supuestas irregularidades y direccionamiento del proceso.
A esto se sumó un dictamen desfavorable de la fiscalía anticorrupción —la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)— y la participación de un único oferente, la empresa DEME.
En esta oportunidad, en contraste, el procedimiento obtuvo el aval de la mayoría de los actores involucrados, en particular de los usuarios de la Hidrovía —principalmente el sector exportador— y de las provincias. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémicas, con cruces en los medios, acciones de lobby, presiones diplomáticas y una denuncia presentada por la firma brasileña DTA Engenharia, que finalmente no avanzó, en la que se alegaba un posible direccionamiento.
Aun así, desde el Gobierno remarcaron que no se registraron impugnaciones formales por parte del otro competidor que seguía en carrera, la empresa DEME. Las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio con un valor estimado en torno a los 15.000 millones de dólares.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía afirmó que la conclusión del proceso licitatorio “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”.
“La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, "activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el **combate al narcotráfico”, se indicó de manera oficial.
Desde el Ministerio de Economía también precisaron que "las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación".
El cierre de la fase de administración estatal directa
De esta manera, la privatización implica el cierre de la fase de administración estatal directa, aunque el Estado conservará su función como organismo regulador y de supervisión, sin participación operativa en la gestión.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, Jan de Nul necesitará alrededor de siete años para comenzar a obtener rentabilidad y unos 13 años para recuperar la inversión realizada (es decir, alcanzar un flujo de caja libre acumulado positivo). Esto se debe a que deberá afrontar desembolsos anuales de entre 100 y 160 millones de dólares durante los primeros seis años de la concesión.
Se prevé que las tarifas de peaje de la Hidrovía aplicadas a los exportadores —quienes, a su vez, las trasladan a los productores en forma de descuentos sobre el valor de compra de las mercaderías, entre ellas los granos— generen ingresos iniciales cercanos a los 289 millones de dólares. Esa cifra iría en aumento hasta alcanzar los 389 millones de dólares en el sexto año y, a partir de ese momento, daría un salto hasta los 517 millones de dólares.
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