El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, adelantó que impulsará “a título personal” un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada había considerado inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad en una causa por tentativa de robo y dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años.
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El ministro de Justicia porteño impulsa un jury contra la jueza que rechazó la baja de imputabilidad
Gabino Tapia cuestionó el fallo de la magistrada y anunció que presentará el pedido a título personal. La Fiscalía también apeló la resolución.
En declaraciones a Radio Mitre, Tapia confirmó que presentará por iniciativa propia el pedido de jury contra la magistrada. Según explicó, el objetivo será que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe si la jueza actuó de acuerdo con las obligaciones de su cargo, dentro del procedimiento previsto para determinar si cumplió correctamente con sus funciones.
"Los jueces no están para intepretar la ley"
El funcionario manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por la magistrada a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3.
“Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.
Tapia también cuestionó que la magistrada haya puesto bajo análisis la constitucionalidad de la normativa. En ese sentido, sostuvo: “Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”. Además, afirmó que la resolución de De Marinis “ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso” y consideró que se trata de una decisión “atacable por donde se lo mire”.
El ministro aclaró, a su vez, que la resolución judicial no dejó sin efecto la Ley Penal Juvenil en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, se trata de un fallo dictado en primera instancia y sus efectos alcanzan, en principio, únicamente al expediente en cuestión. Por ese motivo, remarcó: “O sea que la ley está vigente en la Ciudad”.
La causa donde la jueza declaró inconstitucional la baja de imputabilidad
La magistrada consideró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en el marco de una causa que tiene como imputado a un joven identificado como M.I.A., acusado por un intento de robo. A partir de esa determinación, dispuso su sobreseimiento y ordenó que el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes intervenga para elaborar un programa destinado a acompañar a su familia, favorecer su continuidad y reinserción educativa y facilitar su acceso a actividades recreativas.
De acuerdo con lo señalado por Tapia, la fiscalía interpuso un recurso para impugnar la resolución judicial. “Esta mañana acabo de cortar con el fiscal general, ya está presentada la apelación y estoy seguro que la Cámara lo va a revocar, lo va a dar vuelta, porque argumentos hay para eso”, expresó.
El funcionario explicó que el pedido de jury busca que el Consejo de la Magistratura analice el desempeño y la actuación de la jueza en el marco de la causa.
“Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”, planteó. “En este caso, que deje de ser jueza”, agregó Tapia.
Ante la consulta por las condiciones de alojamiento destinadas a adolescentes de entre 14 y 16 años que queden comprendidos dentro del nuevo régimen, el ministro señaló que la Ciudad ya disponía de un fuero penal juvenil y de un acuerdo vigente previamente para abordar este tipo de situaciones.
El Ministro de Justicia y el trabajo realizado para aplicar la ley
Tapia detalló que, a lo largo de los 180 días establecidos para adecuar la normativa, el Gobierno porteño avanzó en la preparación de los espacios de alojamiento y en la elaboración de los protocolos de intervención. Para esa tarea, trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“El encierro es la última de las medidas que dispone la norma”, sostuvo. A su vez, explicó que el régimen contempla otras sanciones anteriores, además de distintas herramientas destinadas a brindar contención y cuidado a los adolescentes comprendidos por el sistema.
El ministro también estableció una diferencia entre la detención inicial de un menor y la intervención de la Justicia que tiene lugar posteriormente. “La policía, cuando alguien comete un delito, no le pide el documento antes de detenerlo. Primero lo detiene”, explicó.
Por otra parte, explicó que el principal cambio introducido por la nueva normativa involucra a los adolescentes de entre 14 y 16 años, quienes a partir de la modificación pueden quedar sometidos a un proceso judicial cuando se encuentren acusados de determinados delitos.
“La baja de imputabilidad no cambia el arresto cuando se lo lleva detenido. Cambia adónde se lo deriva y la acción que trae la ley”, indicó Tapia.
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