Fallo adverso en Reino Unido: la Argentina quedó expuesta a embargos por el Cupón PBI

A partir de ahora, el país deberá aguardar hasta el 10 de julio para realizar su última presentación formal. Durante ese período, en caso de identificarse activos financieros argentinos, estos podrían ser embargados con el objetivo de asegurar el cumplimiento de una sentencia desfavorable por aproximadamente 1.600 millones de euros.

Se trata de una suma de la que el Estado no dispone. Tras el fallo definitivo de la Corte del Reino Unido, se prevé la apertura de una instancia de negociación con los acreedores para intentar acordar una forma de pago, dado que ya no quedan vías de apelación disponibles.

Posteriormente, cualquier eventual entendimiento debería ser aprobado por el Congreso para adquirir rango legal. Recién entonces podría ponerse en marcha el acuerdo alcanzado con los demandantes radicados en Londres.

Dos jurisdicciones, estrategias cruzadas y escenarios abiertos

El expediente se fundamenta en la hipótesis de que los indicadores de crecimiento habrían sido manipulados de manera deliberada para evitar el pago de la deuda, cuando en realidad la economía del país habría alcanzado los niveles necesarios para cumplir con esa obligación financiera.

El conflicto judicial presenta dos frentes. Uno se desarrolla en Londres, donde el país fue derrotado en primera y segunda instancia, y luego su intento de revisión fue rechazado por la Corte Suprema del Reino Unido, quedando firme el fallo adverso emitido por la Cámara de Apelaciones.

El segundo expediente judicial, de características similares, tramita en Nueva York. Allí la situación fue inicialmente más favorable para la Argentina, ya que la jueza del Segundo Distrito Sur, Loretta Preska, consideró que el país tenía libertad para calcular su PBI según sus propios criterios. Actualmente, este caso se encuentra en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, a la espera de una resolución de segunda instancia.

La Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom, SCUK) resolvió en octubre de 2024 no intervenir en el expediente, lo que dejó definitivamente firme la sentencia de fondo.

La Argentina había sido derrotada en primera y segunda instancia, en ambas ocasiones con votaciones unánimes en contra, y recurrió al máximo tribunal británico como última vía legal para intentar revertir el resultado. Sin embargo, ese intento no prosperó.

De este modo, quedaron confirmadas las resoluciones del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, que fallaron a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital. Tampoco tuvo éxito la estrategia argentina de lograr que la SCUK revisara el caso, bajo el argumento de alinearlo con la interpretación adoptada en los tribunales de Nueva York por Loretta Preska.

Fallos contrapuestos entre Nueva York y Londres en el caso PBI

De acuerdo con la resolución de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, la Argentina quedó exenta de abonar cerca de 1.500 millones de dólares. La magistrada sostuvo que las autoridades de ese momento —la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof— estaban facultadas para determinar el cálculo de la evolución del PBI en base a las estadísticas oficiales, y que una eventual modificación en la metodología no constituía una irregularidad ni un delito financiero.

La decisión de Preska se ubicó en la dirección opuesta a la adoptada en Londres, donde en abril de 2023 se validaron los reclamos de fondos poseedores de bonos argentinos vinculados al Cupón PBI, tras no haber percibido los pagos correspondientes al ejercicio 2013.

Posteriormente, en marzo de 2024, el mismo tribunal presidido por el juez Phillips resolvió que la Argentina debía constituir una garantía por aproximadamente 309 millones de dólares mediante un depósito en caución.

El expediente judicial actualmente tramita en segunda instancia, y esos fondos aparecen como una garantía exigida frente al riesgo de incumplimiento de la Argentina en el marco de una sentencia adversa, considerando además los antecedentes desfavorables del país en litigios internacionales de características similares.

Fundamentos judiciales, antecedentes y lectura de los tribunales británicos

El juez Phillips sostuvo una postura alineada con la jurisprudencia británica, al entender que la Argentina habría modificado el cálculo del PBI de 2013, afectando a los inversores que habían adquirido el bono como parte del proceso de salida del default de 2002 y del canje de deuda de 2006.

De acuerdo con la resolución emitida por el juez Phillips el 8 de marzo de 2024 —criterio que luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones—, las manifestaciones posteriores al fallo vinculado a los cupones PBI en euros por parte de funcionarios argentinos evidenciarían una continuidad en la actitud de confrontación que el país ya había mostrado años atrás frente a decisiones judiciales favorables a los holdouts, es decir, a los tenedores de títulos de deuda soberana argentina.

Y añadió: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo (YPF) del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución de embargos pendiente de apelación en ese caso”.

El litigio de base se abrió en Nueva York en enero de 2015, impulsado por el fondo buitre Aurelius, que denunció una presunta “mala fe” de la Argentina por la modificación de la forma de medición del PBI del INDEC correspondiente al ejercicio 2013.

A partir de ese expediente, se originó una causa paralela en Londres, iniciada por Novoriver —un fondo vinculado a Aurelius—, a la que más tarde se incorporó Palladian junto con un grupo reducido de tenedores de deuda soberana argentina.

Acusaciones sobre la medición del PBI y controversia

De acuerdo con los demandantes, la administración de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, habría modificado la base de cálculo del EMAE con el objetivo de que el crecimiento anual del PBI no superara el 3,22% y, de ese modo, evitar la activación de la cláusula de pago del Cupón PBI.

El INDEC estimó para ese período un avance económico del 2,9%, aunque, según esta acusación, dicho resultado se habría obtenido a partir de una alteración en la metodología de cálculo. Para el fondo Aurelius, esa maniobra habría sido deliberada para perjudicar a los tenedores del bono, configurando lo que consideran un “mal desempeño de sus funciones”.

En aquel momento, el responsable del Ministerio de Economía era Axel Kicillof. Según la postura de los fondos que llevaron el caso ante tribunales tanto en Londres como en Nueva York, si no se hubiese modificado la metodología de cálculo aplicada en 2013, la economía argentina habría alcanzado un crecimiento del 3,5%, lo que habría activado la obligación de pago del Cupón PBI.

Estos planteos fueron desestimados por la jueza Preska, aunque sí fueron aceptados en el ámbito del juez Phillips. Ahora resta conocer la posición que adoptará la Cámara de Apelaciones de Londres. En simultáneo, se anticipa que el fondo Aurelius también recurrirá la decisión adversa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Defensa argentina, criterios judiciales y evolución del caso en Nueva York

En ambos procesos judiciales, la Argentina utilizó líneas de defensa prácticamente idénticas, elaboradas durante la administración de Mauricio Macri. En 2016, con el objetivo de frenar el avance de la demanda, se sostuvo incluso la posibilidad de que la modificación en la medición del PBI de 2013 hubiera sido efectivamente real, argumentando al mismo tiempo que la administración de Cristina Fernández de Kirchner tenía atribuciones para redefinir la metodología de cálculo.

Bajo esa postura, se justificó la decisión de alterar la forma de medición utilizada para determinar el pago del bono, a partir de la revisión de la cifra de crecimiento informada por el INDEC en un período en el que el organismo estaba bajo fuerte influencia política, durante la intervención del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La jueza Preska concluyó que no existió “mala fe” por parte del Estado argentino y rechazó de forma directa la demanda, al descartar que hubiera habido manipulación del PBI en ese período. En su fallo, además, sostuvo que la Argentina tiene potestad para definir y administrar sus propias métricas macroeconómicas.

Tras la presentación realizada en 2016, la magistrada había habilitado el avance del expediente en febrero de 2019, a partir del reclamo inicial impulsado por el fondo Aurelius, al que posteriormente se incorporó Novoriver.

De acuerdo con el analista Sebastián Maril, el 21 de febrero de 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof comunicó que el PBI de 2013 había registrado una expansión del 4,9%. Sin embargo, un mes después, el 26 de marzo de 2014, anunció una corrección basada en una revisión metodológica (el cambio de base de 1993 a 2004), según la cual el crecimiento habría sido del 2,9%, por debajo del umbral del 3,22% que activaba el pago del Cupón PBI.

Ese cambio fue calificado como un anuncio “desprolijo”, que en los mercados fue interpretado como una nueva señal de posible manipulación de estadísticas con el objetivo de evitar el pago a los acreedores.