Reforma laboral: así será el fondo para despidos y por qué pierden los sindicatos

En función de este diagnóstico, desde la Casa Rosada subrayan que la reforma plantea modificaciones en distintos frentes: reglas para la contratación y los convenios laborales, funcionamiento de la Justicia, cargas que deben afrontar los empleadores e incentivos orientados a nuevas inversiones.

Uno de los instrumentos incorporados por la iniciativa es el llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para asumir el pago de indemnizaciones cuando se produce un despido. “Esto beneficia mayormente a las PyMEs, que muchas veces tienen tres o cuatro empleados y cuando tienen que echar a uno, no pueden pagarlo y van a la quiebra. Terminan perdiendo todos”, detalló uno de los encargados de desarrollar la propuesta.

El documento establece que este fondo se financiará mediante “un aporte mensual obligatorio del 3% del salario utilizado como referencia para calcular” las contribuciones patronales que van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Ese aporte quedará en manos de cada compañía, que será la encargada de reunirlo, mientras que su gestión quedará a cargo de una institución autorizada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Sin embargo, aún no se determinó de qué manera esos administradores destinarán o moverán esos fondos.

“Cuando se apruebe la reforma, luego en la reglamentación se detallarán las reglas específicas, pero la idea es que la plata que se aporta mensualmente quede en un fondo que genere intereses, para evitar que se vaya devaluando. Habrá algunas limitaciones, por supuesto. Una de ellas va a ser que estos fondos no puedan invertir en ellos mismos, pero todo lo va a explicitar el Banco Central. Lo primero que hay que destacar es que esto tiene costo cero tanto para el empleador como para el empleado”, resaltaron desde el Gobierno.

Fondo de Asistencia Laboral y gestión de recursos

En paralelo, la iniciativa incorpora una serie de disposiciones que reducen la influencia de los gremios o apuntan a darle mayor claridad al sistema. Entre ellas se incluye un nuevo apartado en los recibos de sueldo que permitirá identificar no solo el aporte que hace cada empleado a su organización sindical, sino también la contribución que realiza la empresa.

Mientras el Consejo de Mayo avanzaba en la redacción del proyecto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantenía reuniones semanales con delegados de la CGT para analizar con ellos varios de estos puntos. A esas conversaciones solían sumarse el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la titular de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

“En algunos casos nos poníamos de acuerdo, en otros, también por posicionamientos políticos, ellos planteaban que no estaban conformes con alguna parte en particular y no hubo consenso, pero son cambios que hay que hacer”, apuntó una fuente del Ejecutivo al tanto de esas reuniones.

Aunque finalmente no se modificaron las cuotas solidarias —una de las fuentes centrales de financiación de los sindicatos—, el texto definitivo sí introduce un cambio clave: las compañías dejarán de tener la obligación de actuar como intermediarias para descontar automáticamente las cuotas de afiliación.

En adelante, esa función será voluntaria y solo podrá realizarse “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. De todos modos, aún no está definido de qué manera se aplicará este esquema si la norma obtiene aprobación parlamentaria.

“Los sindicatos van a tener que hacer su propio sistema de recaudación, pero no vemos que sea un problema. Hoy en día, existen mil formas de cobrarle a un afiliado, hay un montón de mecanismos digitales, incluso, no necesitás ir puerta por puerta”, sostuvieron las autoridades nacionales.

Reducción del poder de los sindicatos y mayor transparencia

Finalmente, respecto al ámbito judicial, se definieron varios lineamientos clave: por un lado, se incorporó un artículo que refuerza la transferencia de los fueros laborales de la Nación a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro, se establecieron criterios más claros para eliminar ambigüedades en la interpretación de la norma.

Por ejemplo, el proyecto especifica que el aguinaldo no se considerará dentro del cálculo de las indemnizaciones por despido, un punto que históricamente generaba debates debido a distintas interpretaciones en los tribunales.

Para fundamentar esta decisión, los funcionarios consultaron al ex juez laboral Guillermo Comadira, quien avaló la exclusión del sueldo extra del cómputo indemnizatorio, argumentando que se ajusta a la práctica más extendida en el país.

“Antes, había jurisprudencia contradictoria, porque mientras en algunos lugares, como en la provincia de Buenos Aires, tenías juzgados que consideraban que se tenía que tomar en cuenta para el monto final, en otros, como en la ciudad, se rechazaba. Ahora no hay más lugar a interpretaciones”, remarcaron quienes redactaron el artículo.

Ajustes judiciales y expectativas del Gobierno

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, si la reforma obtiene sanción en el Congreso, favorecerá la formalización del empleo en el sector privado, lo que generará un aumento en la recaudación fiscal y hará más eficiente al sistema laboral. Esto, a su vez, abriría la posibilidad de implementar ajustes en el régimen previsional.

No obstante, los líderes del sector libertario aún no disponen de una proyección concreta sobre las consecuencias que podría generar esta disposición: “No queremos plantear ante la sociedad una cifra que después no se cumpla, queremos ser cautelosos. De lo que sí estamos convencidos es de que esto va a hacer que el sector privado prefiera registrar a su personal”, auguraron.