La Justicia comercial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que desde hace años elaboraba yogures, flanes y postrecitos bajo la marca SanCor, y genera incertidumbre para decenas de trabajadores.
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Quiebra ARSA, la láctea que hacía los yogures de SanCor: 400 trabajadores afectados
La Justicia decretó la quiebra de ARSA, que hacía los yogures y postres de SanCor, y hay 400 empleados afectados.
El fallo, firmado por el juez Federico Güerri, incluyó la liquidación final y el cierre de las instalaciones de la compañía tenía dos núcleos de producción, lo que deja a más de 400 trabajadores en una situación de extrema incertidumbre laboral.
La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln donde trabajaban unas 180 personas, y la estructura fabril y de distribución en Córdoba, que empleaba a cerca de 200 operarios, son las dos unidades afectadas.
A eso se sumaba una amplia red comercial compuesta por 165 distribuidores que abastecían semanalmente a unos 70.000 comercios de todo el país, lo que grafica el alcance que tenía la marca en góndola en la Argentina.
Quiebra ARSA, la láctea que hacía los yogures de SanCor
Que era ARSA
Había nacido en 2016 como desprendimiento de SanCor, cuando la cooperativa láctea cedió ese negocio por unos US$ 100 millones y el grupo Vicentin tomó su gestión. En los primeros años intervinieron fondos vinculados al grupo, como BAF Capital, pero en el último tramo la firma pasó a ser gerenciada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández.
Con el paso del tiempo, la compañía empezó a acumular conflictos con proveedores, el sindicato y hasta los propios trabajadores denunciaron atrasos, pagos parciales y una operatoria cada vez más irregular. Según fuentes del sector lácteo, la caída no puede atribuirse solo al contexto económico o a la baja del consumo, sino a “años de ineficiencia en la gestión” y hasta se habla de una “quiebra fraudulenta” por la forma en que se tramitó el concurso.
Un concurso que no prosperó
La disolución terminó de activarse luego del concurso preventivo iniciado en abril de 2024. En ese expediente se abrió la instancia de salvataje, que permitía que un tercero tomara el control de la firma y continuara la producción.
Circularon nombres de posibles interesados —como el fondo Inverlat, dueño de Havanna, o los grupos Werthein y CarVal—, pero finalmente no se presentó ninguna oferta concreta, lo que dejó al juez sin otra opción que avanzar hacia la quiebra.
En su presentación, ARSA había responsabilizado a la coyuntura: caída del consumo interno, inflación que encarecía la materia prima y la mano de obra, y políticas de control de precios del anterior gobierno. Sin embargo, en la industria sostienen que esos factores afectaron a todo el sector, mientras que en este caso hubo además falta de transparencia en la tramitación del concurso y un deterioro administrativo que terminó por ahuyentar a cualquier interesado.
Sueldos en cuotas y denuncias sindicales
El gremio lechero Atilra siguió de cerca todo el proceso y dejó asentadas varias denuncias por incumplimientos. Según el sindicato, en mayo la empresa anunció que detendría de manera transitoria las operaciones para reorganizarse, pero esa reactivación nunca llegó: no se retomó la producción ni se cancelaron las deudas con el personal, lo que aceleró el desenlace judicial.
Trabajadores de las plantas relataron que en los últimos meses cobraron sueldos irregulares, parciales y en efectivo. En algunos casos apenas se pagó un cuarto del salario pese a que las jornadas laborales se cumplían completas. A eso se sumó, según fuentes sindicales, un período de tres años y medio sin aportes a la obra social. Por ese escenario, varios empleados ya se habían considerado despedidos incluso antes de que se dictara formalmente la quiebra.
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