El Gobierno nacional reactivó la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil y confirmó que el proyecto para modificar la edad de imputabilidad penal forma parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La propuesta apunta a reformar el sistema vigente desde hace más de cuatro décadas y volverá a debatirse en la Cámara de Diputados.
- Todo Jujuy >
- Sociedad >
Régimen Penal Juvenil: qué cambios propone el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad
La iniciativa vuelve al Congreso y plantea una reforma integral del Régimen Penal Juvenil. El oficialismo busca tratarla en sesiones extraordinarias.
La iniciativa no es nueva. Durante el año pasado, el Ejecutivo logró avanzar con el tratamiento en comisión y alcanzó un dictamen de mayoría, aunque el texto nunca llegó al recinto. La falta de consensos políticos y otras prioridades legislativas postergaron su debate.
Con el recambio parlamentario, el dictamen perdió estado legislativo. Sin embargo, desde el oficialismo señalaron que el nuevo impulso retomará gran parte de los acuerdos alcanzados en la discusión anterior.
Cómo fue el recorrido legislativo del proyecto
El proyecto de Régimen Penal Juvenil ingresó a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Desde ese momento, se discutió durante varios meses en un plenario de comisiones que incluyó Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, y Justicia.
En mayo de 2025, el debate concluyó con la firma de un dictamen de mayoría respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, aunque algunos bloques acompañaron con disidencias parciales.
Ese acuerdo permitió unificar criterios sobre puntos sensibles del régimen, aunque no alcanzó para destrabar el tratamiento en el recinto antes del cierre del período legislativo.
Edad de imputabilidad y modificaciones centrales
La propuesta original del Gobierno establecía bajar la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 13 años. El argumento oficial se basaba en adecuar la normativa argentina a la de otros países de la región.
Durante el debate en comisión, y tras negociaciones con bloques aliados, el texto consensuado fijó finalmente la edad mínima de imputabilidad en 14 años. Ese cambio fue uno de los ejes centrales del acuerdo político.
Además, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y se descartó la posibilidad de prisión perpetua, incluso en casos de múltiples delitos.
Penas alternativas y uso excepcional de la prisión
El régimen propuesto prioriza el uso de penas alternativas para delitos con escalas penales menores. Entre ellas figuran tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, medidas de reparación del daño y restricciones de circulación.
La privación de la libertad quedó definida como una medida de último recurso y solo aplicable en casos de delitos graves. Para delitos con penas de hasta tres años, se prevé la posibilidad de reemplazar la prisión por sanciones alternativas.
También se habilita esta opción para delitos con penas de hasta diez años, siempre que no exista muerte ni violencia grave y que el Ministerio Público Fiscal emita dictamen favorable, con participación de la víctima.
Institutos especializados y condiciones de detención
Otro punto central del proyecto es la creación de institutos específicos para adolescentes condenados. Estos espacios deben garantizar el acceso a educación, atención médica y tratamientos por consumo problemático de sustancias.
El texto establece que todo el personal de estos centros debe contar con formación especializada en infancia y adolescencia. Además, prohíbe de manera expresa la convivencia con personas mayores privadas de la libertad.
Este apartado generó tensiones con algunas provincias, que reclamaron recursos nacionales para la construcción y el funcionamiento de las nuevas instalaciones.
Medidas complementarias y seguimiento judicial
El proyecto incorpora programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y controles sobre el consumo de alcohol y drogas. Estas medidas buscan acompañar el proceso judicial de los adolescentes imputados.
El cumplimiento de las sanciones y medidas alternativas debe quedar bajo supervisión de un profesional designado por el juez, con formación en áreas como educación, psicología o trabajo social.
También se prevén intervenciones específicas en casos de salud mental, violencia familiar o consumo problemático, con participación de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos.
Derechos de adolescentes y víctimas
El régimen propuesto establece que los procesos judiciales sean reservados y prohíbe la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa. Desde el inicio del proceso, debe garantizarse la intervención de la asesoría tutelar y la notificación a los responsables legales.
El juez puede disponer medidas de protección adicionales para resguardar la integridad del adolescente durante la investigación.
En paralelo, el proyecto refuerza los derechos de las víctimas, que acceden a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, y participación en instancias de mediación, con derecho a ser informadas y escuchadas en cada etapa del proceso.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.