Efemérides: a 35 años de la ley Punto Final

La ley buscaba librar de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión considerando que los delitos ya habían prescripto y pretendía el perdón para los mismos por considerarlos hechos pasados.

Antes que terminaran los 30 días fijados como plazo por la ley de Punto Final para establecer demandas contra militares, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares, lo que generó una gran conmoción entre los mismos por lo que fue promulgada entonces una nueva ley el 4 de junio de 1987 mediante la cual quedaban exonerados los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, por haber obrado en virtud de obediencia debida a sus superiores.

Ambas leyes fueron consideradas por el pueblo argentino como leyes de impunidad, que buscaban obstruir las investigaciones y perdonar las violaciones a los derechos humanos registradas en ese periodo por lo que fueron objeto de continuas denuncias a distintas organizaciones internacionales.

Anulación de la ley

Dado que la Ley de Punto Final permitía juzgar la apropiación de menores varios casos fueron llevados a corte una vez que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lograban localizar a algunos de los niños desaparecidos durante la dictadura y eran juzgados los que se apropiaban de ellos pero no los que desaparecían a sus padres que generalmente eran los mismos lo que provocaba una situación incongruente.

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En agosto de 2003, Néstor Kirchner hizo derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los represores comenzaron a recibir condena por los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar.