Tras meses de gestiones, reuniones, viajes y negociaciones, el presidente Javier Milei logró establecer un marco para un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos (EE.UU). Ahora comienza la segunda fase: adaptar la legislación argentina para cumplir con los puntos clave acordados con Washington.
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Acuerdo comercial con EE.UU: el Gobierno busca adaptar la legislación argentina para concretarlo
Aunque el texto final no está listo, las autoridades saben que deberán ajustar normas, pero aún no hay un plan definido para el Congreso.
Aunque ya se difundieron los detalles generales del tratado, el texto definitivo aún se encuentra en revisión por los equipos técnicos de ambos países y su firma podría concretarse en diciembre o durante los primeros meses de 2026.
Segunda etapa: adaptar la normativa local
Durante su reciente viaje a Washington DC para cerrar los puntos principales del acuerdo, el nuevo canciller Pablo Quirno estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Economía y de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
En ambos ministerios son conscientes de que pronto deberán enfocarse en reformar, o incluso lograr la aprobación legislativa, de diversas normas vigentes que actualmente dificultan la implementación del convenio.
“Ahora resta que se hagan la revisión legal y las traducciones correspondientes, que se firme y, por supuesto, que se implemente. Para eso, vamos a tener que cambiar algunas normativas”, indicó uno de los especialistas que participa del proceso.
El Ejecutivo planea convocar sesiones extraordinarias en el Congreso durante diciembre, centradas principalmente en debatir la reforma laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y la ley de glaciares, entre otros temas. Hasta el momento, los legisladores de La Libertad Avanza no habían recibido indicaciones desde la Casa Rosada para incorporar en las negociaciones los proyectos relacionados con el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Trámites legislativos y decretos para facilitar el comercio
Estos proyectos, cuyo contenido aún no se conoce debido a que el texto definitivo no está listo, no se incluirían en el temario de verano y, en caso de requerir tratamiento parlamentario, se discutirían el próximo año.
En el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, confían en poder avanzar significativamente eliminando ciertos obstáculos administrativos, lo que podría concretarse mediante decretos; aunque algunos aspectos podrían requerir debate y aprobación en el Congreso.
Por ejemplo, el Gobierno libertario se comprometió a suprimir los trámites consulares para las importaciones desde Estados Unidos y a eliminar progresivamente el impuesto estadístico sobre productos provenientes de ese país.
Otro punto clave es que Argentina adoptará estándares internacionales en sectores estratégicos para facilitar el comercio: así, un medicamento aprobado por la FDA o un vehículo producido bajo las Normas Federales de Seguridad estadounidenses podrán ingresar al país sin necesidad de nuevos controles locales.
La administración también se comprometió a tratar las cuestiones estructurales identificadas en el informe “Special 301” de 2025, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Medidas sin Congreso y ajustes en derechos laborales
Ese documento advierte que la Argentina “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas en propiedad intelectual” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.
“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.
La Oficina del Representante de Comercio norteamericana remarcó que, “si bien la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional realizaron un mayor número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, la actividad ilegal en gran medida persiste en ausencia de medidas sistémicas”.
En esta línea, indicó que “las acciones judiciales pueden estancarse y perderse en formalidades excesivas” y lamentó que, incluso, “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con un nivel disuasorio adecuado”.
Entre las acciones que podrían implementarse sin pasar por el Congreso se encuentra permitir la entrada de carne de ave estadounidense en un plazo de un año y eliminar restricciones sobre el uso de ciertos términos en quesos y productos cárnicos.
Además, se agilizarán los trámites de registro para carne vacuna y sus derivados, menudencias y productos porcinos provenientes de EE.UU., mientras que no se exigirá la habilitación de plantas para la importación de lácteos. Por otro lado, las cuestiones que sí requerirían tratamiento parlamentario incluyen varias disposiciones vinculadas a la protección de derechos laborales reconocidos a nivel internacional, lo que demandaría modificaciones en la normativa vigente.
Reformas laborales y comercio digital como prioridades
El Ejecutivo informó que durante las sesiones extraordinarias se discutirá una reforma del sistema laboral, aunque aún no se define si se incorporarán los compromisos establecidos en el acuerdo con Estados Unidos.
Entre estos compromisos, la Argentina aceptó prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, una medida que requerirá la aprobación del Congreso. La Constitución, en su artículo 75, establece que corresponde a ambas Cámaras “legislar sobre aduanas” y “reglar el comercio con las naciones extranjeras”.
Además, para facilitar el comercio digital bilateral, EE.UU. será reconocido como jurisdicción válida según la legislación argentina para transferencias internacionales de datos, incluidos los personales, y se comenzarán a aceptar firmas electrónicas conforme a las normas estadounidenses.
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