El gobierno de Javier Milei eliminó el Registro de Abogados y Gestores Administrativos que operaba en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta decisión, oficializada a través de la Resolución 982/2024, busca reducir las barreras que enfrentaban los ciudadanos al realizar trámites vinculados a sus jubilaciones, permitiéndoles gestionar de manera más directa sin necesidad de intermediarios.
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Anunciaron importantes cambios en los trámites para iniciar la jubilación
La decisión busca facilitar el acceso directo de los ciudadanos a las gestiones jubilatorias, quitando la obligación de contratar intermediarios.
La medida fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, y está en sintonía con los lineamientos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en varias áreas, incluyendo la administrativa. Según las autoridades, la eliminación del registro contribuirá a que los ciudadanos puedan tramitar sus prestaciones sin obstáculos adicionales, en línea con la política de "reducción de burocracia" que impulsa el Ejecutivo.
El registro de abogados y gestores
El registro de abogados y gestores había sido implementado en 2014 durante la administración kirchnerista con la intención de profesionalizar la representación legal de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Sin embargo, desde la actual administración, esta normativa era vista como una "restricción innecesaria" que complicaba el acceso a los derechos jubilatorios, obligando a los ciudadanos a contratar representantes para llevar adelante gestiones que, según el gobierno, podrían realizar por su cuenta.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales impulsores de esta derogación. En declaraciones recientes, el funcionario destacó que esta medida es parte de un proceso más amplio de transformación del Estado, cuyo objetivo es "eliminar cotos de caza y cabinas de peaje" en trámites que, hasta ahora, generaban costos adicionales para los jubilados. “Cada trámite innecesario es una barrera que pagamos todos”, afirmó en su cuenta de X, haciendo referencia a las gestiones obligatorias a través de abogados.
Desde el punto de vista normativo, el gobierno sostiene que la eliminación del registro permitirá una "gestión pública más ágil, transparente y eficaz", reduciendo los costos y tiempos que antes debían afrontar los jubilados y pensionados. El texto de la resolución argumenta que normativas ya vigentes, como el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 17.040, proporcionan un marco legal adecuado para las representaciones, haciendo innecesaria la existencia de un registro específico.
Para el gobierno, este cambio es clave dentro del plan de transformación administrativa que impulsa la Ley N° 27.742, también conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Bajo este enfoque, se están revisando diversas normativas con el fin de "liberar" a los ciudadanos de lo que consideran trabas burocráticas. En palabras del propio Sturzenegger, estas regulaciones “solo beneficiaban a ciertos sectores profesionales en detrimento de los ciudadanos”.
¿Cuáles son los cambios?
La resolución de ANSES subraya que con la eliminación del registro, se otorga mayor libertad a los beneficiarios para decidir cómo gestionar sus trámites, sin necesidad de recurrir a abogados o gestores autorizados por el organismo. Esta medida también fue justificada en la necesidad de evitar la duplicación de normativas, ya que otros marcos legales permiten la representación adecuada sin generar costos adicionales.
La política de desregulación no es nueva en el ámbito previsional. Durante 2023, la administración de Javier Milei ya había impulsado la simplificación de diversos trámites, como la eliminación de ciertos formularios y procedimientos innecesarios. Según las autoridades, estas acciones no solo mejoran la eficiencia del Estado, sino que también reducen su tamaño, contribuyendo a contener el gasto público.