Comenzó el juicio oral por la “Causa Cuadernos”, en la que figura como una de las principales acusadas la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Partido Justicialista). En total, son 87 los imputados, entre ex funcionarios públicos y empresarios, que deberán responder ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7. Todas las claves del caso.
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Causa Cuadernos: 5 claves para entender de qué se trata
La causa comenzó en 2018, cuando un periodista de La Nación entregó a la Justicia los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del funcionario Roberto Baratta.
El caso toma su nombre de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, ex integrante del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El mensaje de Cristina Kirchner
El contenido de los cuadernos salió a la luz en agosto de 2018, tras una investigación del periodista de La Nación, Diego Cabot, quien entregó la documentación a la Justicia antes de difundirla públicamente.
Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al inicio del juicio a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde expresó: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”.
El origen de la “Causa Cuadernos”
En 2018, el periodista Diego Cabot obtuvo ocho cuadernos redactados por Oscar Centeno, donde el ex chofer registraba los traslados de su jefe y de otros funcionarios que, según sus notas, movían bolsos con dinero desde empresas contratistas, constructoras y proveedoras del Estado hacia oficinas o residencias oficiales.
Antes de difundir el contenido, Cabot entregó la documentación a la Justicia, lo que dio origen a una investigación derivada de una causa previa vinculada a presuntas irregularidades en la importación de gas natural licuado (GNL). En ese momento, la investigación quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio —ya fallecido— y del fiscal Carlos Stornelli.
El expediente tomó estado público el 1° de agosto de 2018, cuando el diario La Nación difundió la información contenida en los cuadernos de Centeno, junto con los detalles de los operativos y arrestos que se desarrollaban en simultáneo.
Causa Cuadernos: ¿Quiénes enfrentan el juicio oral?
En total, 87 personas fueron imputadas, entre ellas 22 ex funcionarios y 65 empresarios. Dentro del primer grupo figuran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios integrantes del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos el ex titular de la cartera Julio De Vido, su entonces colaborador Roberto Baratta, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos Rafael Llorens.
En la lista de acusados también aparecen ex funcionarios de menor jerarquía del Ministerio de Planificación, entre ellos Claudio Uberti, Germán Nivello, Sandro Férgola y Nelson Periotti. Se suman además Oscar Centeno, el ex asistente de Baratta Nelson Lazarte, el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti junto a su chofer Hernán Del Río, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Por el lado empresarial, se encuentran figuras relevantes del sector de la construcción, como Ángelo Calcaterra (ODS e IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Gabriel Romero (Hidrovía) y Carlos Wagner (ESUCO y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción).
También fueron incluidos empresarios vinculados a los gobiernos kirchneristas, entre ellos Cristóbal López, Fabián y Osvaldo De Sousa (CPC y Grupo Indalo), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Rudy Ulloa (Cumehue).
¿Qué delitos se investigan?
A Cristina Fernández de Kirchner se le atribuye el rol de líder de una organización delictiva, además de ser señalada como coautora y partícipe en distintos episodios considerados actos de soborno.
Por su parte, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Carlos Wagner y Ernesto Clarens (de la financiera Inverness SA) enfrentan acusaciones como organizadores de dicha estructura ilícita. El resto de los ex funcionarios imputados fueron catalogados como integrantes de la misma red.
Del sector empresario, también fueron mencionados Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Oscar Thomas (Entidad Binacional Yacyretá) y Miguel Aznar (Vialco SA – Decavial SAICAC – UTE, concesionaria del Corredor Vial N.º 3).
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, el simple hecho de integrar una asociación ilícita puede ser sancionado con penas de entre 3 y 10 años de prisión, mientras que para quienes la dirigen o la organizan, el mínimo asciende a 5 años.
En la mayoría de los expedientes, los ex funcionarios enfrentan cargos por cohecho pasivo, y los empresarios o directivos de distintas firmas, por cohecho activo. Ambos delitos contemplan penas que oscilan entre 1 y 6 años de prisión.
La ex mandataria ya cuenta con una condena firme de 6 años de cárcel en la causa Vialidad, sentencia que cumple actualmente bajo modalidad domiciliaria.
Los arrepentidos en el expediente de la Causa Cuadernos
Durante la etapa de investigación del caso, varios de los acusados decidieron acogerse a la figura del “arrepentido”, establecida por una ley que permite reducir penas o recibir beneficios judiciales a quienes brinden información útil para esclarecer un delito.
De acuerdo con los registros de la fiscal del juicio, Fabiana León, un total de 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración. Entre ellos se encuentran Centeno, Uberti y José López, mientras que del sector empresario se sumaron Clarens, Wagner, Aznar, Calcaterra, Roggio y Enrique Pescarmona, entre otros nombres destacados.
La “reparación integral” rechazada por la Justicia
En septiembre, antes de que comenzara el juicio oral, las defensas de 47 empresarios y 4 ex funcionarios solicitaron aplicar el mecanismo de “reparación integral”, contemplado en el artículo 59 del Código Penal, el cual permite extinguir la acción penal cuando se produce una conciliación o se compensa totalmente el daño causado. Esta reparación tiene un carácter económico, ya que implica el pago de dinero o la entrega de bienes, incluso en moneda extranjera.
Entre quienes propusieron este tipo de acuerdos se encuentran Clarens, Cristóbal López, Fabián De Souza, Calcaterra, Roggio, Romero, Pescarmona y Abal Medina, entre otros.
En aquel momento, la fiscal Fabiana León sostuvo que los ofrecimientos debían ser descartados, ya que no se cumplían los requisitos necesarios para aplicar ese artículo del Código Penal, debido a la falta de consenso, la existencia de un bien de interés colectivo y la oposición fundamentada del Ministerio Público Fiscal.
Durante la audiencia en la que se trató el tema, León remarcó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”. En línea con su postura, el Tribunal Oral Federal N.º 7, conformado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, denegó los pedidos de reparación integral, al considerar que la objeción de la fiscalía resultaba determinante para evaluar la validez del procedimiento.
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