La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo judicial y político en las últimas horas. La Justicia federal ya investiga el caso, mientras crecen los cuestionamientos sobre las condiciones en que se concedieron estos préstamos.
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Créditos del Banco Nación a funcionarios: cuánto deben, cómo se otorgaron y qué investiga la Justicia
La causa quedó en manos de Daniel Rafecas tras dos denuncias penales. Hay al menos 9 funcionarios involucrados y montos que superan los $2.500 millones.
Qué investiga la Justicia y cuántas causas hay
El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, tras una de las denuncias presentadas. Sin embargo, no es la única causa en curso: también hay una segunda denuncia que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, lo que amplía el alcance de la investigación.
Las presentaciones judiciales apuntan a posibles delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, buscan determinar si hubo condiciones preferenciales, excepciones a las normas crediticias o evaluaciones de riesgo irregulares en el otorgamiento de los préstamos.
Uno de los focos está puesto en si se otorgaron créditos a personas políticamente expuestas bajo criterios distintos a los del resto de los clientes del sistema financiero.
Quiénes accedieron a los créditos y por qué montos
Según registros públicos del Banco Central, procesados por plataformas de acceso abierto, al menos nueve funcionarios y legisladores accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.
Los datos surgen de la Central de Deudores del BCRA, una base oficial que reúne información sobre el nivel de endeudamiento en todo el sistema financiero.
Entre los principales nombres aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, con una deuda cercana a $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con unos $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito que supera los $500 millones.
También figuran Juan Pablo Carreira, responsable de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; y Sharif Menem, funcionario en la Cámara de Diputados. La lista se completa con legisladores de La Libertad Avanza como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
La respuesta del Gobierno y el impacto político
Desde el oficialismo rechazaron cualquier irregularidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que sus colaboradores “no tienen ventaja respecto del resto”, mientras que el canciller Pablo Quirno afirmó que las tasas y condiciones son iguales para todos los que cumplen los requisitos, entre ellos percibir sus haberes a través del banco.
En la misma línea, desde el Banco Nación sostienen que el proceso es homogéneo, sin excepciones, y que los créditos corresponden a líneas en UVA disponibles para cualquier persona que califique.
También remarcaron que los préstamos cuentan con garantías hipotecarias o codeudores, que el directorio de la entidad no interviene en operaciones menores y que el proceso de otorgamiento es digitalizado.
El caso ya tuvo impacto político. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso el desplazamiento de Leandro Massaccesi, quien figuraba entre los beneficiarios. Si bien desde el Gobierno intentaron separar su salida de la polémica, la decisión generó ruido interno.
En paralelo, la oposición impulsó pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las condiciones en que se otorgaron los créditos, en particular si se respetaron los límites para personas políticamente expuestas y los criterios de evaluación de riesgo.
Mientras el Gobierno insiste en que no hubo privilegios, la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades o trato preferencial en el acceso a estos financiamientos.
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