Con el objetivo de buscar información de obras públicas que se realizaron entre 2003 y 2015, se llevan adelante 82 operativos en reparticiones públicas y empresas que consisten en órdenes de presentación.
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Cuadernos de la corrupción: por una derivación de la causa realizan más de 80 procedimientos en empresas privadas
El juez federal Claudio Bonadío ordenó esta tarde una serie de procedimientos vinculados a una causa anexa a la investigación de los cuadernos de las coimas K.
Se trata de un expediente que puso la lupa sobre más de 70 empresas que hicieron negocios con la obra pública durante los años 2003 y 2015, mientras gobernaba el kirchnerismo.
En noviembre, Bonadío le había pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le informara los nombres de las autoridades de 71 empresas que participaron de las licitaciones de obra pública entre los años 2003 y 2015.
Además, el juez le había solicitado a la IGJ que le informara si alguna de esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para participar de las licitaciones estatales.
Entre los titulares de esas empresas se encuentran algunos de los acusados en la causa que confesaron haber pagado coimas y que luego se convirtieron en imputados colaboradores de la investigación. Algunas de las compañías que participaron del circuito de la obra pública en esos años son IECSA, que entre 2003 y 2007 estuvo conducida por la familia del presidente Mauricio Macri y luego en 2007 fue comprada por el primo del mandatario, Ángelo Calcaterra; o Electroingeniería, cuyo dueño Gerardo Ferreyra está procesado y detenido en esta causa.
El listado de 71 empresas se basa en información aportada por el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recaudado el dinero para otorgar las coimas a los ex funcionarios y los empresarios. Clarens aportó varios listados de empresas con las sumas de dinero que hizo cada una de ellas.
La lista está compuesta por compañías dedicadas a la obra pública en todo el país y que están siendo investigadas como parte de un desprendimiento del caso iniciado a partir de la descripción de un sistema de recolección de bolsos con dinero que hizo Centeno, el chofer de Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.
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