Dos mujeres quedaron detenidas en la provincia de Salta en el marco de una causa que investiga la presunta venta de certificados docentes falsos para sumar puntaje y acceder a horas cátedra. La investigación se centra en maniobras que se promocionaban a través de Facebook y que incluían la entrega de documentación en formato digital con sellos y firmas escaneadas.
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Detienen a dos docentes en Salta acusadas de vender puntaje falso por Facebook
La Justicia investiga una red que ofrecía diplomaturas apócrifas para mejorar el orden de mérito docente en Salta.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio encabeza la pesquisa y ordenó allanamientos simultáneos en General Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Durante los procedimientos, personal judicial secuestró documentación considerada relevante para el avance del expediente.
De acuerdo con los primeros datos oficiales, al menos 53 docentes lograron incrementar su puntaje en los listados oficiales, mientras que nueve accedieron a horas cátedra con certificados presuntamente apócrifos.
Cómo operaba la maniobra investigada
Según la investigación, la operatoria consistía en ofrecer diplomaturas y postítulos que no requerían cursado. Los interesados abonaban distintas sumas de dinero y luego recibían constancias para incorporar a sus legajos personales.
La captación se realizaba mediante perfiles en Facebook bajo nombres como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”. A través de esos contactos se promocionaban trayectos formativos con puntaje docente, que se presentaban como avalados por instituciones reconocidas como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro.
Los montos exigidos oscilaban entre $95.000 y $360.000. Una vez concretado el pago, los compradores recibían un archivo PDF con firmas y sellos escaneados. En conversaciones incorporadas a la causa, algunos involucrados habrían admitido que adquirían el puntaje sin realizar ninguna capacitación.
Las detenciones y el rol de cada sospechoso
Una de las detenidas se desempeña como docente y preceptora en un colegio secundario de Joaquín V. González. Según la hipótesis fiscal, ella captaba a los interesados y gestionaba los cobros.
La segunda mujer, con domicilio en Embarcación, habría intervenido en tareas administrativas y en el movimiento del dinero. Ambas quedaron a disposición de la Justicia tras los allanamientos.
En la causa también figura un hombre radicado en San Carlos de Bariloche, señalado como responsable de la parte digital de la operatoria y receptor de parte de los fondos transferidos.
Investigación en curso y posibles nuevas medidas
La Unidad de Delitos Económicos Complejos participa en el análisis de la documentación secuestrada y en la revisión de dispositivos electrónicos. El objetivo es determinar el alcance total de la maniobra y la cantidad de personas involucradas.
Los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los pagos y verificar la autenticidad de los certificados presentados ante organismos educativos. La fiscalía no descarta nuevas detenciones a medida que avance la causa.
El expediente continúa en etapa investigativa mientras se profundiza el análisis de chats, transferencias y listados de orden de mérito donde impactaron los certificados cuestionados.
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