El Estado nacional presentó una apelación contra la medida cautelar dictada por un juez federal de Mar del Plata que suspendía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país, y planteó además la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad, de acuerdo a lo informado por las fuentes judiciales.
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El Estado apeló el fallo que prohibía el aborto legal
El juez Alfredo López había hecho lugar a una cautelar presentada por un jubilado católico contra el aborto legal. El Estado recusó a López por "imparcial".
Se trata del juez federal Alfredo López, quien la semana pasada había aceptado la medida cautelar presentada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad bonaerense, fuertemente vinculado a la iglesia católica, en donde pedía la inconstitucionalidad de la IVE por considerar que la legalización del aborto va en contra de la protección de la vida desde la concepción.
A través de un escrito de 188 páginas, al que tuvo acceso la agencia Télam, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada el pasado 7 de junio por López, titular del Juzgado Federal 4 de la localidad balnearia, que ordenaba la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610, sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y también del Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Por un lado, planteó la recusación de López por considerar que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa".
El escrito incluyó la reproducción de declaraciones públicas y periodísticas brindadas por el magistrado sobre el caso y sobre el aborto, así como posteos en sus cuentas de la red social Twitter, en las que se refirió -por ejemplo- a "las verdes femibolches, idiotas útiles de la oligarquía globalista".
"En el caso bajo análisis, no nos encontramos frente a una opinión emitida en abstracto en torno a un posible caso hipotético, sino referido a una cuestión estrictamente ligada con una causa en trámite ante el Juzgado a su cargo y respecto de la cual debe decidir", señaló la presentación estatal.
El escrito consideró que "en un fallo sin precedentes", el juez "deliberadamente abandona su condición de imparcial y decide tomar las riendas del proceso contra la ley 27.610", sancionada por el Congreso Nación el 30 de diciembre de 2020 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 14 de enero de 2021.
En esa línea, indicó que "la suspensión de la vigencia" de la norma "afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar".
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