El Gobierno nacional informó que funcionarios de primera línea recibieron amenazas y vinculó esa situación con el fuerte refuerzo de la seguridad implementado en la Quinta Presidencial de Olivos, donde la Casa Militar pasó a tener un rol central en el control del predio. Las nuevas explicaciones oficiales aparecen además en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.
El Gobierno denunció amenazas y reforzó la seguridad en la Quinta de Olivos
Tras los cambios en la custodia presidencial, el Gobierno reveló la existencia de amenazas contra altos funcionarios y explicó el operativo desplegado en Olivos
La reorganización había comenzado a mediados de septiembre, cuando el Ejecutivo resolvió que la Casa Militar asumiera el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia. En aquel momento, la explicación oficial apuntaba a elevar los estándares de protección ante un escenario internacional de mayor inseguridad.
Con el correr de los días también trascendieron otros motivos relacionados con el funcionamiento interno de la residencia, entre ellos las denominadas “filtraciones” de información sobre las actividades del Presidente y su círculo cercano. El cambio incluyó el desplazamiento de personal civil y del entonces responsable de la residencia, Osvaldo Javier Sosa.
Amenazas y un fuerte cambio en la seguridad de la Quinta de Olivos
La novedad conocida este martes es que desde el Ejecutivo reconocieron la existencia de amenazas contra funcionarios de alto nivel, un elemento que se incorpora ahora a las razones esgrimidas para explicar el endurecimiento de las medidas de seguridad.
La decisión adoptada semanas atrás modificó considerablemente el esquema interno de Olivos. Hasta entonces, la Casa Militar tenía atribuciones vinculadas fundamentalmente con la custodia, mientras que diferentes funciones administrativas permanecían bajo otra estructura. Con la reorganización, el organismo avanzó sobre el control integral de la seguridad y otras tareas dentro del predio presidencial.
El proceso también derivó en 12 desvinculaciones, entre ellas la de Sosa, mientras que otros trabajadores fueron alcanzados por reubicaciones. Fuentes oficiales citadas en aquel momento señalaron además la preocupación por supuestas filtraciones sobre la actividad presidencial.
Días después se produjo otra modificación: María Belén Agudiez renunció a la Subsecretaría de Planificación General, área que tenía entre sus funciones cuestiones relacionadas con las residencias presidenciales y los traslados del mandatario y otros funcionarios.
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