El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y de financiamiento universitario, que habían sido ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras el rechazo de los vetos presidenciales. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina de dónde saldrán los fondos para su implementación.
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El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario
El Ejecutivo promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero su aplicación quedó en pausa hasta definir el presupuesto 2026.
Mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796, pero aclaró que su ejecución dependerá de las partidas que se incorporen al Presupuesto Nacional 2026, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 24.629 sobre ejecución del gasto público.
Financiamiento universitario: una ley sin recursos definidos
La Ley 27.795, conocida como de financiamiento universitario, establece un aumento de recursos para las universidades públicas, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el fortalecimiento de programas de becas e investigación.
Según cálculos oficiales, su aplicación implicaría un gasto de $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
El decreto firmado por el Ejecutivo advierte que la norma no podrá ponerse en marcha hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento concretas.
“La ejecución de la ley sin partidas asignadas sería incompatible con la legislación vigente y podría generar responsabilidad funcional”, señala el texto publicado este martes.
La medida generó preocupación en el ámbito universitario, donde se esperaba la pronta activación de los fondos tras la votación del Congreso.
Emergencia pediátrica: el caso del Hospital Garrahan
A través del Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó también la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y refuerza el funcionamiento de hospitales infantiles, residencias médicas y programas de atención en salud infantil.
La normativa, impulsada por distintos bloques legislativos, contempla un costo fiscal estimado en $196.270 millones, que debía financiarse mediante reasignaciones dentro del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que esas partidas no alcanzan y que el área arrastra un déficit superior a $102.000 millones.
“Implementar la norma sin fuentes claras implicaría desfinanciar programas esenciales, como la entrega de medicamentos o la prevención de VIH y enfermedades transmisibles”, advierte el decreto.
Además, el texto oficial sostiene que la ley “pretende avanzar sobre facultades propias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar una resolución del Ministerio de Salud, lo que —según el Gobierno— vulneraría la división de poderes.
Un mismo criterio aplicado a otras leyes sociales
El Ejecutivo mantiene el mismo criterio adoptado semanas atrás con la ley de emergencia en discapacidad, promulgada pero suspendida por falta de financiamiento.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado que “toda norma que implique gastos deberá tener definidas sus fuentes de recursos para poder ejecutarse”.
En este sentido, el Gobierno insistió en que será el Congreso, a través del Presupuesto 2026, el encargado de definir cómo financiar las leyes aprobadas y garantizar su cumplimiento sin comprometer el equilibrio fiscal.
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