El Gobierno de Javier Milei encara una nueva semana para dejar atrás los tropiezos recientes, marcados por la derrota oficialista en el Senado. Allí, se aprobaron tres leyes, se dieron medias sanciones a otras dos y se rechazó preliminarmente un veto presidencial, medidas que afectan las finanzas públicas, un área que el mandatario considera intocable.
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El Gobierno tarda en sacar los vetos a las leyes aprobadas en el Senado y busca negociar
El Gobierno busca mantener el veto al aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad, y convocó a gobernadores a un cóctel en La Rural para dialogar.
“La política del superávit es permanente”, remarcó Milei en la Bolsa de Comercio, mientras el Senado, a pocas cuadras, avanzaba con proyectos opuestos a los intereses del Ejecutivo. El Presidente dijo no estar sorprendido por el escenario y aseguró que se prepara para lo que viene: “Sabemos que vamos a ser exitosos”, expresó.
Dos alternativas para frenar la sanción de leyes clave
El Gobierno planteó dos caminos para impedir que las tres leyes aprobadas por el Congreso —el aumento a jubilados, la moratoria y la emergencia en Discapacidad— se conviertan en norma: un veto presidencial o la impugnación judicial de la sesión del jueves, considerada inválida por el oficialismo.
Por ahora, los vetos no se emitirán esta semana, ya que el Ejecutivo dispone de diez días hábiles para hacerlo. En paralelo, surge un debate sobre si vetar una norma supone reconocer la validez de las sesiones en Diputados y el Senado que le dieron aprobación. Aunque se baraja la posibilidad de que los fundamentos del veto aludan a la presunta irregularidad del debate en la Cámara alta, esa decisión aún no está confirmada.
La apuesta por Diputados ante el bloqueo en Senado
Más allá de la vía judicial, el retraso en el veto busca darle al Gobierno margen para definir una estrategia legislativa. Sin chances claras en el Senado, la apuesta se concentra en Diputados, donde el oficialismo cuenta con más bancas propias y un mapa político diverso que facilita acuerdos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vice de Interior, Lisandro Catalán, encabezan el diálogo con gobernadores. Aunque su protagonismo bajó en los últimos días, Santiago Caputo, asesor presidencial, sigue siendo un actor clave para varias provincias. También será determinante el rol del titular de Diputados, Martín Menem, y de su primo y operador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, para tejer alianzas.
Tensiones internas complican la unidad del oficialismo
El ala de Caputo y el sector de los Menem mantienen tensiones internas, mientras que la actual Jefatura de Gabinete actúa como punto de equilibrio al sostener vínculos con ambas partes. La necesidad de reunir los votos para respaldar el veto obliga a estos espacios a converger en un mismo propósito, aunque la falta de comunicación fluida amenaza con entorpecer las negociaciones con los gobernadores, según admiten en privado desde distintas provincias.
“Vamos a tratar de sostener el veto, nos tenemos fe”, señala una fuente cercana que mantiene contacto casi diario con Milei. Esta visión contrasta con el tono beligerante que mostró el Presidente días atrás en una entrevista radial, donde acusó a gobernadores y sectores opositores de intentar “destruir al Gobierno”.
Aunque en el relato público del oficialismo predomina el llamado “talibanismo” impulsado por un sector de la Casa Rosada, persiste tanto la necesidad como la voluntad de llegar a acuerdos.
Por ahora, todas las provincias consultadas aseguraron que no han recibido una convocatoria oficial para reunirse en Balcarce 50. Sin embargo, esto no descarta los contactos informales que suelen mantener altos funcionarios nacionales con los mandatarios provinciales.
Desde el entorno gubernamental insisten en que no está previsto realizar una cumbre formal de gobernadores, al menos no bajo el formato tradicional ni durante esta semana. Pero sí comenzaron a crecer los rumores de que podría haber un acercamiento entre la Nación y algunos gobernadores en un “lugar neutral”. La ocasión podría ser en la inauguración de la Exposición Rural el próximo jueves.
Expectativas sobre la Expo Rural y diálogo con gobernadores
Por coincidencia, esta será la primera edición de la Expo Rural que incluirá un cóctel con gobernadores. Aunque 16 provincias participan como sponsors del evento, se cursaron invitaciones a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño. Aún no hay confirmación de asistentes, pero varios podrían mostrarse interesados si perciben que la Casa Rosada considera la feria como un espacio propicio para abrir un canal de diálogo informal. Por ahora, la presencia de Milei es poco probable, aunque sí podría asistir otro miembro del Gabinete.
En cuanto al veto presidencial al aumento jubilatorio del 8,2%, el Ejecutivo no estima necesario retener los 87 votos que lograron bloquear su rechazo. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, el mínimo requerido es de 86 votos. Por su parte, la oposición necesitaría reunir 172 adhesiones para revertirlo.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evalúa que el número de respaldos necesarios podría ser menor si la oposición no logra reunir tantas voluntades como prevé. Según algunos cálculos, el piso podría situarse entre 75 y 80 votos. Ante la resistencia de ciertos espacios a “ensuciarse” con la validación del veto, los operadores de La Libertad Avanza enfocan sus gestiones en asegurar ausencias estratégicas o abstenciones.
Desde la Casa Rosada destacan que, pese a las tensiones generadas por las declaraciones presidenciales, hay provincias con las que mantienen una buena sintonía y que podrían aportar legisladores favorables al veto. Un ejemplo es el sanjuanino Marcelo Orrego, cuyo bloque Producción y Trabajo cuenta con dos diputados. En 2023 contribuyó con los votos para sostener otros vetos y este año respaldó parcialmente la suba jubilatoria. “Todo puede cambiar”, remarcan en filas libertarias.
El papel de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, será clave. Su bloque Independencia, con tres diputados, fue uno de los aliados más firmes del oficialismo durante los primeros meses de la gestión libertaria. Sin embargo, la relación se tensó tras la intervención de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de octubre. Desde el entorno libertario descartan un pacto con Jaldo, quien recientemente se reunió con el senador Juan Manzur para avanzar en un armado peronista en la provincia.
No todos los vetos parecen tener las mismas posibilidades de ser confirmados. Un ejemplo es la postura de la diputada del PRO María Eugenia Vidal, quien en un video publicado en redes sociales anticipó su rechazo a la moratoria, aunque evitó pronunciarse sobre las otras dos iniciativas.
La bancada amarilla muestra una división interna en dos corrientes: una cercana a la agenda libertaria y otra que sigue las directrices de Mauricio Macri. Semanas atrás, María Eugenia Vidal y otros ocho legisladores se abstuvieron en la votación sobre jubilaciones, una decisión impulsada por el expresidente como advertencia al Ejecutivo sobre las consecuencias políticas de subestimar al PRO. “El mensaje nos llegó y nos preocupa”, admitió entonces una alta fuente del oficialismo.
Además, el bloque no ha tenido reuniones formales en mucho tiempo y tampoco se prevé que las haya esta semana. La coincidencia no pasa desapercibida: en estos días se definen las listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza y el PRO sellaron un acuerdo electoral.
En relación con La Rural, el martes a las 10 de la mañana el Presidente tiene previsto recibir en la Casa Rosada a los integrantes de la Mesa de Enlace. Este grupo está compuesto por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que nuclea a cooperativas agropecuarias de todo el país.
“Es todo un gesto que nos reciba el presidente. La agenda será abierta, con los temas que preocupan al sector”, explicó Pino en una entrevista con CNN Campo. Allí anticipó que se tratarán cuestiones como las reformas en el INTA y la eliminación de la “barrera sanitaria” en la Patagonia. También se refirió a los derechos de exportación, afirmando que “el objetivo es avanzar hacia su eliminación” y que el Presidente está “yendo hacia ahí”.
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