El presidente Alberto Fernández demandó por 100 millones de pesos a la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de que fracasara una audiencia de mediación por las polémicas declaraciones de la dirigente opositora, que atribuyó al Gobierno un pedido de “retornos” para que llegue al país la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio de Pfizer.
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El presidente demandó a Bullrich por 100 millones de pesos
Bullrich había sugerido que hubo un pedido de "retorno" a Pfizer para lograr que llegue su vacuna al país. El dinero irá al Instituto Malbrán.
De acuerdo a lo informado por Gregorio Dalbón, abogado del presidente, el total del dinero será donado al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el virus que ocasionó la pandemia. Fuentes del entorno presidencial señalaron a Télam que al mandatario "no le importa lo económico", que será donado, sino que "pedirá se lea la sentencia en aquellos canales que se hicieron eco de las declaraciones de Bullrich sobre que el Gobierno nacional intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer para obtener un retorno y que esto no le era ajeno al Presidente".
Fernández tomó la decisión de demandar a Bullrich luego de que el 18 de junio fracasara la audiencia conciliatoria entre ambos. Esa mediación, que se desarrolló de modo virtual, duró menos de media hora, tiempo que alcanzó para que ambas partes expresaran su voluntad de no conciliar y avanzar directamente al juicio.
El Presidente participó de esa audiencia virtual desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Dalbón, mientras que, del otro lado, la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos se mostró acompañada por dos letrados. Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio Pfizer a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso, después.
Por su parte, también el Ministerio de Salud ya presentó semanas atrás una denuncia ante la Justicia penal para que se investiguen las declaraciones de Bullrich. La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini.
Para el Poder Ejecutivo, los dichos de Bullrich revisten hechos de gravedad institucional porque implican sembrar sospechas en las complejas negociaciones que realiza el Gobierno para conseguir vacunas contra el coronavirus.
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