Un escándalo alrededor de una quita injustificada de subsidios a más de 10.000 familias postergadas de los Países Bajos derivó en una investigación a fondo y en la renuncia de todo el gobierno del actual primer ministro Mark Rutte y decenas de funcionarios.
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Gobierno en crisis: escándalo en Holanda
El gobierno del primer ministro Mark Rutte renunció en bloque este viernes por una decisión que afectó financieramente a más de 10.000 familias.
Rutte dijo que había informado al rey Guillermo Alejandro la decisión. El gabinete se mantendría de forma provisional para manejar la crisis del coronavirus por ahora, y se realizarán elecciones el 17 de marzo.
La masiva renuncia ocurrirá por una investigación parlamentara que el mes pasado concluyó que burócratas del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.
El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido acusadas de “fraude” y obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que desencadenó en situación de desempleo, bancarrotas y divorcios. Según el informe, el mal manejo se extendió durante una década. Fue una “injusticia sin precedentes”, de acuerdo a los investigadores.
Orlando Kadir, abogado que representa a unas 600 familias en una demanda colectiva contra los políticos, dijo que las personas habían sido atacadas “como resultado de la elaboración de perfiles étnicos por parte de burócratas que eligieron nombres de apariencia extranjera”. La mayoría de las familias afectadas tenían orígenes turcos y marroquíes.
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Los primeros casos se remontaron a 2014, cuando las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y los acusaban de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados. Luego se demostró que principalmente familias de origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores, periodistas y diputados comentaron que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pistas. Por ello no dudan en calificarlo como “sesgo institucional”.
La crisis llega además en un momento en el que los Países Bajos atraviesan un período de medidas más estrictas contra la pandemia de COVID-19, las cuales Rutte está considerando volver aún más duras por el constante aumento de casos.
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