El ejecutivo liderado por Javier Milei anunció hoy la decisión de extender el Presupuesto para el año 2024, llevando a cabo un considerable ajuste en el ámbito estatal al mantener las asignaciones en niveles correspondientes al mes de enero, a pesar de una inflación acumulada que supera el 100% a lo largo del presente año.
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Javier Milei prorrogó por decreto el presupuesto 2023 para el próximo año
El decreto se publicó este miércoles, prevé un déficit de 1,9% y una inflación del 60%. También establece ajustes en tarifas y en Educación.
Llevó a cabo esta acción mediante la emisión del Decreto 88/2023, difundido en el Boletín Oficial hoy, con las rúbricas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El mencionado decreto también concede a Posse la facultad de ajustar la planificación presupuestaria.
La Ley de Presupuesto aún no está aprobada
Dentro de los argumentos de la disposición, el Gobierno señaló que "a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024" y que, dado el avanzado Ejercicio Presupuestario 2023, "no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones" que necesita hacer la gestión.
A su vez, puntualizó que "la prórroga contempla las adecuaciones institucionales efectuadas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional", que redujo a nueve la cantidad de carteras del Gabinete.
La disposición también alteró el decreto 1344/2007, el cual regula la autorización de gastos y desembolsos. De esta forma, estableció en 8 mil pesos el valor de referencia con el cual se determinan los límites para que las autoridades competentes aprueben gastos, cantidad que puede ser ajustada por Posse.
Asimismo, establece que cualquier gasto que supere los 800 millones de pesos (equivalentes a 100 mil módulos) requerirá la autorización de Posse para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de organismos descentralizados.
Por otro lado, los ministros, así como los funcionarios con rango y jerarquía ministerial, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o las máximas autoridades de organismos descentralizados, tendrán la facultad de aprobar los gastos que se sitúen por debajo de dicha cifra.