El juez Juan Carlos Correa determinó la creación de una administración colegiada que se hará cargo de un grupo de personas designadas por la Fiscalía de Estado de la provincia. Los tres hombres a cargo tendrán la función de realizar “todos los actos de gestión ordinaria tendientes a la continuidad de la explotación de la empresa”.
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Esta administración, a su vez, también tendrá que designar a un administrador general para “implementar o concretar las decisiones que el cuerpo adoptare en relación a poner en marcha las reorganizaciones que resulten necesarias para tornar económicamente viable su explotación”.
El texto emitido por el juez Correa prohíbe contraer nuevos pasivos excepto aquellos mínimos necesarios para que funcione la empresa.
“Dentro del término de 20 días hábiles la administración colegiada deberá informar fundadamente las posibilidades de mantener la explotación y presentar un plan y un presupuesto de recursos. También en igual término deberán acompañar un reglamento de funcionamiento y mecanismo de información a los fines de ser aprobado por el juzgado”, agrega el escrito.
Por último, el juez insta a la administración a “encauzar la empresa para la reestructuración del ingenio y hacerlo más eficiente, que genere una renta sustentable y cumpla su función social en torno a la ciudad de San Pedro”.