El Tribunal de Cuentas de la Provincia generó cargos definitivos contra el ex intendente de Monterrico, Nilson Ortega y parte de su gabinete, que deberán devolver un total de $37.444.628,83, porque según argumentaron “los fondos de la Municipalidad de Monterrico han sido mal ejecutados y malversados”.
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Aseguran que Nilson Ortega no rindió dinero del 2011, 2012 y 2015 y debe devolverlo
Diego Rotela, secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, dijo que ven con preocupación la falta de claridad al explicarle a los jujeños los procedimientos: “No solo es la rendición del 2015, también faltan rendiciones del 2011 y 2012 por otros 75 millones, lo que en su totalidad hacen un monto superior a los 123 millones”, aclaró.
Como la resolución es un “cargo definitivo”, no existe otra instancia de revisión de las rendiciones de cuentas, por lo que tendrá que acceder a devolver dicho monto de dinero. El expediente será remitido a Fiscalía de Estado de la provincia para que inicie el juicio ejecutivo que apuntará a recuperar los fondos.
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Rotela dijo que no es casual que al día siguiente que se hacen públicas estas cédulas de identificación a Ortega, existan intentos de toma de viviendas en San Vicente, o una manifestación planteando temas que no están en la orbita municipal. “La declaración que hizo Ortega no aclara nada. La rendición se tiene que hacer en el Tribunal de Cuentas en tiempo y forma, con recibos y boletas, no en los medios de comunicación”.
La resolución del Tribunal de Cuentas da por finalizado el proceso administrativo contra Nilson Ortega, Eugenio Rodríguez Flores, Miguel Ángel Consultti, Claudia Salas y Silvia Moreno, ex intendente y ex funcionarios de la ciudad.
Rotela confirmó que desde Fiscalía de Estado se trabaja en la realización de los cobros ejecutivos: “Hay ex funcionarios municipales y provinciales que tienen que rendir 1047 millones de pesos”, indicó, y agregó que para dimensionar lo que significa el faltante de dinero, estimó que es “una vez y medio el presupuesto anual que recibe la provincia por el Fondo de Soja”.
“En vez de salir a plantear la inconstitucionalidad el decreto que elimina ese fondo solidario, sería bueno que devuelvan esos fondos”, y adelantó que un grupo de abogados del municipio de Monterrico pedirán ser parte de esta presentación del Tribunal de Cuentas para que los fondos recuperados vuelvan a esa ciudad.
La respuesta de Nilson Ortega
El actual diputado justicialista salió al cruce de la denuncia, negó esa información, apuntó contra el actual intendente Carlos Ibarra y dijo que “está tratando de tapar con esta movida mediática toda su ineptitud para llevar adelante una gestión de gobierno”.
Ortega, en rueda de prensa, exhibió papeles y documentación sobre la rendición y desechó que haya existido un accionar irregular de su parte para que desaparezcan fondos públicos. Explicó que los 38 millones que surgieron de una auditoría del Tribunal de Cuentas y que fueron imputados a su persona, contaban con toda la documentación que respaldaba el movimiento de ese dinero. “Quien debe hacerse cargo de esta rendición es la actual gestión municipal, porque todas las pruebas de las cosas que se hicieron con ese dinero quedaron en el municipio”, remarcó.
“La administración de Ibarra no entregó los papeles y por ello cuando el órgano de contralor provincial actuó de oficio se dio con la novedad de que faltaba mucha documentación. Lo que nadie dice es que existe una resolución, la 3631 del 27 de noviembre de 2017, que aprueba parcialmente la rendición de cuentas que comprende el período que va del 1 de enero al 9 de diciembre de 2015”.
Cuestionó la resolución del Tribunal de Cuentas donde dijo que se observan varias obras y relaciones con proveedores del municipio por faltante de documentación. “En esa resolución se observan operaciones con carnicerías, despensas, corralones e incluso medios de comunicación de Monterrico y zonas de influencia que no cuentan con el respaldo pertinente, pero toda esta documentación va a ser presentada por mi parte”, mencionó.
“De ese total de dinero que se me quiere imputar con intención difusa, el noventa por ciento está vinculado a pagos de la obra pública ejecutada en Monterrico. Lo que puedo decir con certeza y así lo voy a demostrar llevando pruebas y documentos fílmicos, es que las obras se hicieron y que son palpables, como las de cordón cuneta, dos núcleos húmedos, sede del Registro Civil, CIC de La Ovejería, y construcción de viviendas, entre otras”.
Adelantó que amparándose en la Ley Orgánica de los Municipios – la 4376- presentó un recurso de revisión de la resolución del Tribunal de Cuentas y que en los próximos días llevará al órgano de control toda la documentación que tiene en su poder y que respalda las operaciones por las cuales se utilizó el dinero.