Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una organización que se hacía pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones. Según la investigación, las maniobras se realizaban desde el Establecimiento Penitenciario N.º 7, en San Salvador de Jujuy, mediante teléfonos celulares que los sospechosos mantenían ocultos en sus celdas.
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Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar
El juez Julián Ercolini dictó prisión preventiva para internos de Jujuy acusados de integrar una banda que usaba la identidad del presidente de la Corte Suprema
La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini y alcanzó a cuatro internos. Los cuatro están acusados de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad, delitos por los que deberán continuar sometidos al proceso judicial.
De acuerdo con la resolución, el grupo habría operado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Durante ese período, los acusados habrían utilizado la identidad del titular del máximo tribunal del país para conseguir información de personas detenidas y luego comunicarse con sus familiares, a quienes les prometían beneficios judiciales a cambio de dinero.
Cómo funcionaban las estafas desde el Penal N.º 7 de Jujuy
La maniobra comenzaba con llamados a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Los sospechosos se presentaban como autoridades judiciales y solicitaban datos personales de personas privadas de la libertad, además de números telefónicos de sus familiares.
Para darle credibilidad al engaño, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. Una vez obtenida la información, contactaban a los allegados de los detenidos y les aseguraban que podían gestionar libertades, fianzas o trámites judiciales mediante el pago de determinadas sumas.
En una de las conversaciones incorporadas al expediente, uno de los involucrados habría reconocido la modalidad utilizada: “A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.
La investigación también reveló que los acusados utilizaban billeteras virtuales, cuentas bancarias y distintos alias para recibir las transferencias. En algunos casos, las exigencias económicas llegaban hasta el millón de pesos. Sin embargo, las maniobras no se limitaban a los familiares de personas detenidas. Según la causa, los sospechosos también se presentaban como representantes de empresas privadas y anunciaban premios inexistentes, como vehículos, dinero o electrodomésticos, para luego solicitar pagos por supuestos gastos administrativos.
Uno de los casos investigados corresponde a un hombre que transfirió $450.000 después de recibir llamados en los que le prometían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue enviado a un alias que simulaba estar vinculado con el Poder Judicial.
Otros dos damnificados habrían realizado pagos por falsas promociones. Uno transfirió $429.500 por un supuesto vehículo, mientras que otro denunció un perjuicio estimado de entre 9 y 10 millones de pesos relacionado con un premio de telefonía satelital.
La llamada que permitió descubrir la organización y los allanamientos en Jujuy
La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una llamada de un hombre que aseguró ser el presidente de la Corte Suprema.
El interlocutor se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó información sobre detenidos y sus familiares. Para justificar el pedido, afirmó que se encontraba realizando un relevamiento relacionado con derechos humanos. La comunicación despertó sospechas y los investigadores lograron rastrearla hasta las inmediaciones del Penal N.º 7 de Jujuy. A partir de ese dato se realizaron intervenciones telefónicas, cruces de líneas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos dentro del establecimiento.
Durante los procedimientos de diciembre de 2024 se secuestraron celulares, tarjetas SIM y libros con anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias, alias y posibles destinatarios de transferencias. Ese material permitió avanzar en la reconstrucción de las maniobras atribuidas a los internos.
Uno de los aspectos que destacó la resolución judicial fue que las actividades investigadas habrían continuado incluso después de los primeros allanamientos y del secuestro de uno de los teléfonos utilizados para realizar las llamadas. Para Ercolini, la utilización del nombre, la imagen y la función institucional del presidente de la Corte Suprema demostraba que los imputados eran conscientes de que estaban atribuyéndose una autoridad que no tenían. Además de ordenar el procesamiento con prisión preventiva, el magistrado dispuso un embargo de $5 millones sobre los bienes y el dinero de cada uno de los cuatro acusados.
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