El pasado 28 de marzo en una audiencia pública en la corte Suprema el Estado provincial fijó su postura respecto a una acción de amparo presentada por un grupo de comunidades aborígenes, ellas pedían paralizar todo tipo de producción, explotación y exploración minera por falta de consulta.
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El Fiscal de Estado evaluó la decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema rechazó el amparo interpuesto por las comunidades aborígenes para evitar la actividad minera, asumió que no hay irregularidad alguna en las acciones del Gobierno de Jujuy y dio por cerrado el conflicto.
En esa audiencia, la Estado le fue bien, entregó documentación que acreditaba que no hubo incumplimiento por parte del gobierno y que no hubo violación alguna a los derechos de los pueblos aborígenes.
La disputa era contra el Estado provincial de Jujuy y Salta y el Estado Nacional por la producción minera de litio y borato en la cual las comunidades denunciaban no haber sido convocadas a la participación.
El Fiscal de Estado, Alberto Matuk, indicó que el fallo de la Corte Suprema tiene dos aristas importantes “El fallo indica que no existe ni caso, ni causa contra Jujuy y rechaza de pleno el amparo, con esto le da un punto final, está finiquitado por la Corte Suprema”.
Para el alto funcionario esto no debe tomarse como una victoria, sino que se trató de una cuestión incidental que sirvió para que los funcionarios se involucren mas y “para exponer lo que ya forma parte de la gestión de Eduardo Fellner que es el respeto irrestricto a los derechos aborígenes”.
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