“Nuestra constitución establece que cuando un funcionario es acusado de un delito tiene la obligación de reivindicarse”, aseguró el ministro de gobierno, Alberto Matuk, luego de que distintos gremios acusaran al Estado provincial de recibir una ayuda desde Nación para pagar la ayuda extraordinaria y el desvío de una parte de dichos fondos a otros fines.
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El Gobierno se vindicará ante la Justicia
El objetivo es demostrar que no ha existido un arribo de dinero por parte de Nación para pagar la ayuda extraordinaria a los empleados públicos.
Matuk destacó que el Gobierno ha realizado un manejo presupuestario para ofrecer el complemento que se dará a fin de año sin ayuda de Nación. “Decidimos presentarnos en la justicia para demostrar que no ha existido ese arribo de dinero ni la maniobra que ellos señalan”, afirmó.
Por su lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Pierazzoli destacó que hay un problema de “desinformación continua y absoluta”.
Oscar Insausti, secretario general de la gobernación, subrayó que la acusación obliga al gobierno, “por mandato constitucional”, a presentarse a la justicia.
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