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7 de mayo de 2013 - 07:30

Hacia una justicia más democrática, transparente y accesible

"Nuestro país necesita una Justicia más democrática e independiente tanto del poder político como del poder económico" expresó en un comunicado de opinión la senadora por Jujuy, Liliana Fellner, que presentamos íntegro.

Los seis proyectos que apuntan a democratizar el Poder Judicial han despertado todo tipo de temores infundados. Se utilizan palabras grandilocuentes y se pronuncian pronósticos funestos que sólo existen en la cabeza de quienes los pergeñan. Mucha gente, en su buena fe, toma esta versión como una verdad absoluta y repite los mismos argumentos sin reparar en lo que definitivamente vale: los textos legislativos.

Basta revisar someramente la letra de los proyectos en danza para corroborar que integralmente representan mejoras para el servicio de Justicia y, por consiguiente, para la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo: la creación de tres nuevas Cámaras de Casación descomprimirá el trabajo de la Corte Suprema y las sentencias definitivas llegarán con más celeridad. La misma consideración cabe para el ingreso de nuevo personal al Poder Judicial. A la fecha, quienes entran a trabajar a la Justicia es porque tienen un familiar o un amigo que le habilitan el acceso.

Con la nueva reforma, el acceso a este Poder será más transparente puesto que quienes aspiren a trabajar en él tendrán las mismas oportunidades. Todos deberán someterse a un concurso de antecedentes y oposición y en caso de haber más candidatos que vacantes un sorteo público resolverá el diferendo. Paralelamente, tanto la obligación para el Poder Judicial de publicar sus actos administrativos y el acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios también expresan un esfuerzo por tener un Estado más accesible y transparente.

Nuestro país necesita una Justicia más democrática e independiente tanto del poder político como del poder económico. ¿Y, para esto, qué mejor que la voluntad popular? Efectivamente el pueblo argentino podrá elegir en elecciones universales y obligatorias a sus candidatos para integrar el Consejo de la Magistratura.

Todos conoceremos los nombres y las trayectorias de los hombres y mujeres que integrarán el organismo encargado de seleccionar y remover jueces quienes seguirán siendo elegidos conforme al procedimiento que establece la Constitución. Y todo esto sin movernos un ápice del mandato constitucional que prevé la posibilidad de elegir democráticamente a los consejeros al garantizar la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento del sistema representativo. Si esto no es democracia y transparencia, se le parece bastante. En un futuro, Jujuy deberá darse el debate por una Justicia Provincial acorde a estos preceptos.

A pesar de lo que sostienen algunos sectores, la independencia de los magistrados no está en juego. Por el contrario, se busca que el Poder Judicial sea más independiente y no caiga presa de los grupos y las presiones corporativas. La crónica reciente nos ha revelado un tipo de justicia excepcional reñida con la equidad y el derecho, esa justicia cautelar que permite a ciertos grupos económicos suspender sus obligaciones con el fisco y a la Sociedad Rural usufructuar un predio marcado por la irregularidad y la sospecha.

Ni qué hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual suspendida en su plena aplicación prácticamente desde su sanción a demanda de los intereses de un grupo monopólico. ¿Acaso el ciudadano común puede, alegremente, dejar de pagar sus impuestos o ponerse fuera de la Ley? El nuevo régimen limitará las cautelares en el tiempo y, de tal modo, los intereses corporativos y el pueblo en su conjunto quedarán en un pie de igualdad.

Quienes tenemos la responsabilidad de acompañar en el Congreso a la Presidenta, lo hacemos a conciencia de un compromiso que renovamos todos los días: ampliar derechos y pelear por la igualdad. La democratización de la Justicia forma parte de esta agenda.

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