El día de hoy, la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 promovió las imputaciones contra varios funcionarios del anterior gobierno y algunos que siguen en funciones. Es por la megacausa del faltante de viviendas.
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Imputan a cuatro intendentes por el supuesto desvío de fondos
Los intendentes de la capital, Raúl Jorge, y Calilegua, Elsa Flores; y los ex intendentes de San Pedro, Julio Moisés, y Ramón Jorge Alé, de Libertador General San Martín, fueron imputados como partícipes necesarios del delito de fraude a la administración pública.
Los intendentes Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy; Elsa Flores, de Calilegua; y los exintendentes Julio Moisés, de San Pedro de Jujuy; y Jorge Alé, de Libertador General San Martín, recibieron la imputación como partícipes necesarios del delito de fraude a la administración pública por administración infiel.
También se confirmó que en la misma situación se encuentran el exgobernador Eduardo Alfredo Fellner; el exministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; extitular del IVUJ, Lucio Abregú; Héctor Carrizo; y José Luis Mercado, como organizadores de una asociación ilícita y coautoría de fraude a la administración pública por administración infiel.
Además, Milagro Sala, Gladis Noemí Díaz y Mirta Liliana Aizama son investigadas como coautoras de fraude a la administración pública por administración infiel.
Según indica la Fiscalía, “está acreditado el grado de sospecha de estas personas porque tuvieron una intervención relevante que conllevaba a defraudar al estado provincial a través de la utilización de la propia estructura estatal”.
“La estructura estatal dejó de cumplir sus objetivos institucionales y legales de control en la ejecución y aplicación de fondos para la construcción de viviendas”, agrega.
De la misma manera, involucra a las cooperativas de la organización Tupac Amaru por “abdicar de su función y convertirse en el dispositivo más importante de la organización destinada a defraudar al Estado provincial”.
“El plan delictivo consistió en no ejecutar, o hacerlo de forma anómala, la construcción de viviendas en distintos municipios a cargo de las cooperativas pertenecientes a la Tupac Amaru”, asegura la Fiscalía de Investigación Penal N° 2.
Según argumentan, todo esto surge de distintos elementos de prueba como informes del Ministerio de Infraestructura, ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas, la U. E. P., departamento contable del Ministerio Público de la Acusación, la Subsecretaría de Viviendas de la Nación, y el IVUJ; un relevamiento efectuado por el Departamento de Arquitectura; y alrededor de 25 declaraciones testimoniales.
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