Existe una estructura estatal que administra proyectos tecnológicos estratégicos, participa en iniciativas de gran magnitud económica y concentra funciones cada vez más relevantes para la administración pública, pero sobre la cual la información disponible para los ciudadanos sigue siendo limitada. Se trata de Jujuy Digital SAPEM, la empresa presidida por la ingeniera Valeria Mendoza.
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Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe
Jujuy Digital SAPEM administra proyectos estratégicos y recursos millonarios, pero persisten interrogantes sobre controles, transparencia y rendición de cuentas.
Durante los últimos años, Jujuy Digital SAPEM ganó protagonismo en áreas vinculadas a conectividad, infraestructura tecnológica, digitalización de servicios públicos, telecomunicaciones y seguridad. Su participación aparece asociada a proyectos de fuerte impacto presupuestario y relevancia política. Sin embargo, para gran parte de la sociedad sigue siendo difícil responder preguntas básicas: cuánto dinero administra, cuáles son sus resultados concretos, cómo se controlan sus decisiones y bajo qué mecanismos rinde cuentas.
La figura de Valeria Mendoza ocupa un lugar central en este esquema. Su presencia es recurrente en anuncios oficiales, lanzamientos tecnológicos y presentaciones de proyectos estratégicos para la provincia. Pero el alcance real de sus funciones no siempre resulta claro. ¿Actúa exclusivamente como presidenta de una SAPEM? ¿Participa en la definición de políticas públicas? ¿Interviene en la planificación de inversiones estratégicas del Estado? ¿Qué grado de influencia tiene sobre contrataciones, adquisiciones y ejecución de proyectos tecnológicos?
Otro aspecto que alimenta estos interrogantes es la creciente centralidad que adquirió su figura dentro de la política tecnológica provincial. En los últimos años se la observó participando en misiones, congresos y encuentros en distintos países, entre ellos China, España, Estados Unidos y otros destinos, relacionados casi siempre con temas tecnológicos. La frecuencia de esos viajes y su participación en iniciativas vinculadas a áreas estratégicas del Estado han contribuido a consolidar la imagen de una especie de “superfuncionaria” tecnológica, con presencia en múltiples proyectos e influencia sobre decisiones que excederían la gestión cotidiana de una empresa estatal.
La importancia de estas preguntas radica en que Jujuy Digital SAPEM no es una empresa privada común. Tampoco funciona como una repartición estatal tradicional. Se trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, una figura jurídica que combina elementos del sector público y privado. Sin embargo, para muchos ciudadanos continúa siendo difícil determinar con precisión cómo se encuentra integrada la sociedad, cuál es la participación efectiva de los socios privados, qué controles externos se ejercen sobre su actividad y qué nivel de transparencia debe exigírsele considerando que administra recursos públicos.
La discusión adquiere mayor relevancia por el volumen de fondos involucrados. Jujuy Digital SAPEM participa en proyectos tecnológicos financiados mediante recursos internacionales, nacionales y provinciales que involucran inversiones millonarias. Sin embargo, existe escasa información pública sistematizada sobre indicadores de gestión, auditorías de desempeño, cumplimiento de objetivos o evaluaciones independientes que permitan medir el impacto real de esas iniciativas. La magnitud de los recursos administrados contrasta con la limitada información disponible sobre sus resultados.
Uno de los casos más visibles es el sistema provincial de videovigilancia. Mientras desde la empresa se impulsan nuevas etapas de ampliación de la red de cámaras de seguridad, persisten dudas sobre el estado operativo de parte de la infraestructura ya instalada. ¿Cuántas cámaras funcionan efectivamente? ¿Cuántas permanecen fuera de servicio? ¿Cuál es el costo de mantenimiento del sistema? ¿Qué porcentaje de la red requiere reparación o reposición? ¿Existen auditorías técnicas independientes que permitan verificar su funcionamiento?
La cuestión de fondo es si la prioridad debería estar puesta en seguir ampliando el sistema o en garantizar primero que la infraestructura existente opere de manera plena y eficiente. Porque más allá de los anuncios sobre incorporación de tecnología, lo que finalmente importa es que los equipos ya adquiridos funcionen correctamente y produzcan resultados verificables en materia de seguridad pública.
El debate además excede únicamente a las cámaras de seguridad. También involucra el modelo de participación del propio Estado provincial en áreas tecnológicas estratégicas. Porque lejos de limitarse a regular o controlar, el Estado parecería actuar directamente a través de SAPEM y otras estructuras societarias bajo el argumento de impulsar procesos de modernización y desarrollo tecnológico.
Allí surge una discusión institucional sensible. Las SAPEM fueron concebidas como herramientas para combinar la flexibilidad del derecho privado con objetivos de interés público. Sin embargo, cuando administran recursos estatales, ejecutan proyectos financiados con fondos públicos y participan en inversiones multimillonarias, resulta legítimo preguntarse si los mecanismos de control existentes son suficientes. La estructura híbrida de estas sociedades muchas veces vuelve difusos los límites entre la gestión empresarial y la responsabilidad pública.
Más aún, algunos críticos sostienen que el Estado deja de ocupar exclusivamente el rol de regulador para convertirse también en ejecutor directo de actividades que podrían desarrollarse mediante mecanismos tradicionales de contratación pública. En ese escenario, surge otra pregunta relevante: si una SAPEM opera bajo reglas del derecho privado pero administra recursos públicos, ¿quién controla efectivamente sus decisiones, contrataciones, inversiones y resultados?
En ese contexto, la discusión ya no se limita únicamente a Valeria Mendoza. Lo que está en juego es un modelo de gestión que concentra recursos estratégicos, decisiones tecnológicas y capacidad de ejecución en una estructura que, para gran parte de la ciudadanía, continúa siendo poco conocida y escasamente sometida al escrutinio público.
La modernización tecnológica puede representar una oportunidad para el desarrollo de Jujuy. Pero cuanto mayores son las inversiones involucradas, mayor debería ser también la transparencia sobre quién toma las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son los resultados obtenidos. Hasta hoy, esas son preguntas que siguen esperando respuestas más claras.
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