La amenaza de tiroteo que generó preocupación en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador y activó protocolos de seguridad junto al Ministerio de Educación, la Policía de la Provincia, Bomberos y el MPA, también abrió una investigación penal para determinar a los responsables del hecho.
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La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión
El fiscal que lleva adelante la causa por amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador adelantó que el o los responsables podrían tener penas de hasta seis años de prisión.
Según explicó el fiscal Ernesto Lían Resúa, la conducta encuadra en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, y contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Qué delito se investiga por la amenaza
Tal como indicó el fiscal del MPA, el delito que fue tipificado y que actualmente se investiga está vinculado con las conductas cometidas por una o varias personas, que serían consideradas autoras del hecho.
La pena prevista en el artículo 211 del Código Penal establece una condena de entre 2 y 6 años de prisión. “Si se trata de una persona que tiene 18 años de edad, esta es la pena a la que enfrenta. Si estamos hablando de adolescentes, de menores de esta edad, entran a jugar determinadas atenuantes o salidas alternativas, como lo establece nuestra norma procesal penal, la ley 6.357, que busca resocializar, o sea, darle otro tono al delito”, detalló Resúa.
Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad del episodio, el funcionario agregó que también debe considerarse la posibilidad de que la fiscalía avance en la imposición de una pena contra el responsable. “Esta pena es reducida conforme a la Ley Penal actual para juzgar a los menores de edad, porque con el nuevo Régimen Penal Juvenil que está próximo a aplicarse ahora en el mes de septiembre, tenemos la imposición de pena a quienes hayan cumplido 16 años de edad y hasta los 18 años de edad”.
La causa ya está en investigación
El fiscal indicó que la denuncia fue realizada por personal del establecimiento y que, a partir de ese momento, se activó la intervención judicial para establecer quiénes fueron los responsables.
“Para evitar que se produzcan estas conductas que han sido expuestas dentro de una escuela, desde el Ministerio de la Acusación estamos trabajando en un hecho que ha sido denunciado por el personal del establecimiento el día de ayer, en horas de la tarde-noche”.
También remarcó que el caso debe ser abordado con seriedad, no solo por la investigación penal en curso, sino también por el contexto en el que ocurrió.
El uso de redes y la necesidad de prevención
Resúa advirtió que este tipo de situaciones obliga a reflexionar sobre el rol de las familias, del Estado y del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes.
“Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Nosotros desde nuestra función como parte del Ministerio de Justicia y Acusación investigamos delitos pero no estamos ajenos que esto es una cuestión que va mucho más allá de la investigación de un delito”.