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12 de octubre de 2016 - 07:01

¿Quién será el nuevo Defensor del Pueblo?

Desde la renuncia del Defensor del Pueblo de Jujuy, no hubo novedades respecto a su sucesor o sucesora. El tema podría volver a abordarse la próxima semana en la reunión de Labor Parlamentaria, comisión encargada de proponer los nombres.

El pasado miércoles, acorralado por unas denuncias de supuestos malos tratos, Ricardo Pierazzoli que ejercía el rol de defensor del pueblo en Jujuy, renunció.  Luego de esta decisión, se aquietaron las aguas, pero ahora resta conocer el nombre de quién lo  reemplazará y comienza otra compulsa en el ambiente político.

Dos de los tres cargos más importantes están vacantes y la defensoría quedó interinamente en manos de un defensor adjunto, Pablo Zurueta.

¿A quién le corresponde?

En un acuerdo de caballeros o político como quiera llamarse, el cargo del Defensor está pensado (en el mundo) para la primera minoría. Ya que entre otras cosas el Defensor debe ser el garante del cumplimiento de los derechos humanos en todos sus sentidos por parte de los estados nacional, provincial y municipal.

Consultados los máximos referentes del oficialismo Carlos Haquim, vicegobernador, y Alberto Bernis, presidente de la bancada radical, señalaron que el tema se tratará en la próxima reunión de labor parlamentaria que se realizará la semana que viene.

Asimismo aseveraron que “seguirán los lineamientos de la ley para la designación” y que el nombre que surja necesita una “mayoría agravada, no es una cuestión que pueda definirse desde un solo sector”.

¿Qué dice la ley?

La ley 5111 en su artículo 4 dice que el Defensor del Pueblo será elegido por la Cámara de Diputados de la Provincia con el siguiente procedimiento:

1- La comisión de Labor Parlamentaria propondrá a la Cámara de diputados, de uno a tres candidatos

2- Resultará elegido el que obtenga el voto de los 2/3 de los presentes en la sesión respectiva.

Tal como está explícito en la ley no figura ningún tipo de condicionamiento respecto a la persona que ejercerá el cargo, aunque en los pasillos no descartan modificaciones a la ley para habilitar concursos más transparentes para el acceso a los cargos de la institución, vital de los estados democráticos.

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