Régimen Penal Juvenil en Política a las Brasas: el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

A partir de ello planteó un interrogante sobre el alcance federal de la norma. “Preguntarnos si el legislador nacional legisla para todo el país o legisla para las necesidades del conurbano bonaerense, del Gran Rosario, del Gran Córdoba”, sentenció.

En ese sentido, marcó diferencias con la realidad local. “En Jujuy no tenemos este fenómeno”, introdujo respecto de la provincia y aclaró que el nuevo régimen alcanzará por igual a todas las provincias. “Los pibes jujeños van a estar sometidos a las mismas reglas que esta norma impone para todo el país”, puntualizó.

Kamada también recordó el principio de capacidad progresiva, incorporado al Código Civil y Comercial. “La capacidad progresiva significa reconocer a los pibes que, a medida que van creciendo, van adquiriendo la capacidad de ejercicio para ciertas conductas que están socialmente admitidas”. Y fue categórico al afirmar: “Si hay un parámetro rígido o científico como para determinar este grado de madurez, no lo hay”.

“Delito de adulto, pena de adulto”: por qué los jueces cuestionan esa frase

Uno de los slogan que acompañó el debate legislativo fue “delito de adulto, pena de adulto”. Los tres magistrados coincidieron en cuestionar esa afirmación. El juez Luis Kamada fue contundente: “Es una falacia”. Y explicó:“Fue un buen slogan, porque impacta. Pero en realidad no tiene contenido a los fines de la aplicación de la ley”.

Para el magistrado, los jueces especializados son quienes históricamente lograron compatibilizar distintas normas y garantizar el interés superior del niño. “Los jueces especializados no se pueden ni se van a dejar engañar por el eslogan ‘delito de adulto, pena de adulto’”, sostuvo.

Arias sumó que la frase deja de lado una dimensión central: la vulnerabilidad propia de la adolescencia. “Nunca jamás podemos decir ‘delito de adulto, pena de adulto’, porque eso sería solo mirar una parte del vaso”, precisó. La jueza explicó que un adolescente no cuenta con las mismas herramientas que un adulto para comprender el contexto en el que se desarrolla. “No tiene, por su constante crecimiento y proceso de madurez, la posibilidad de contar con todas las herramientas que sí tiene un adulto”, aseguró.

Por su parte, María del Rosario Hinojo fue aún más enfática. “Me parece una falacia y me parece hasta un agravio intelectual a los ciudadanos hacerles creer que un niño y un adulto son iguales”, sostuvo. Para graficarlo recurrió a un ejemplo cotidiano: “Si tengo que llevar a mi hijo al médico, no lo llevo al médico de adultos, lo llevo al pediatra”. En esta línea agregó: “El desarrollo del cerebro de un niño, que está en un proceso de consolidación, no responde a los estímulos de la misma manera”.

La nueva ley: ¿protege derechos o endurece penas?

La jueza María del Rosario Hinojo definió al nuevo régimen como una norma compleja y con avances y retrocesos en materia de derechos. “Es una ley muy compleja, que parece que va y viene”, puntualizó. Según explicó: “Pareciera al principio que protege derechos, pero después sigue avanzando y retrocede”.

A su entender, la norma presenta aspectos regresivos respecto de estándares previos. “Es una ley regresiva en cuanto al reconocimiento de derechos”, detalló. La magistrada recordó que Argentina ya había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para modificar el antiguo régimen penal juvenil, heredado de la dictadura. Entre los cambios que destacó aparece la fijación de un máximo de pena de 15 años. “Puso un límite de pena de 15 años, que es altísima, pero antes no había”, explicó. Asimismo, advirtió sobre la desaparición de herramientas orientadas a la reinserción social.

Para Hinojo, muchas de las respuestas surgirán recién con la implementación efectiva de la norma. “La respuesta la vamos a ir teniendo una vez que la ley se implemente y se vaya aplicando el caso concreto”, aseguró.

Justicia restaurativa: responsabilizar sin castigar

La magistrada recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece una responsabilidad compartida entre Estado, familia y comunidad. “La Convención de los Derechos del Niño habla de la familia, la comunidad y el Estado”, expresó. El objetivo es que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos. “Que un niño comprenda que lo que hizo no está bien, que genera un daño y un perjuicio para la víctima”, apuntó.

Entre las herramientas posibles mencionó pedir disculpas, realizar tareas comunitarias o participar en programas socioeducativos. “Poder pedir disculpas, hacer algún trabajo comunitario o algún programa socioeducativo que verdaderamente impacte de manera positiva”, detalló.

Luis Kamada coincidió con este enfoque. “Sí, desde luego que se puede responsabilizar sin castigar, sin sancionar penalmente”, sostuvo, y recordó que la respuesta penal debe ser el último recurso. “En la medida de lo posible hay que evitar que un niño, niña o adolescente sea absorbido por el sistema penal”, expresó.

El gran desafío: dónde serán alojados los adolescentes

Uno de los principales interrogantes que abre la implementación del nuevo régimen es el alojamiento de adolescentes que eventualmente deban cumplir una pena privativa de la libertad. Mercedes Arias reconoció que el tema genera preocupación. “Es una gran preocupación para nosotros”, expresó.

La jueza explicó que actualmente existen tres centros de alojamiento en la provincia. “Los cuales no tienen las características adecuadas para un alojamiento de chicos que deban ser recluidos en las condiciones que impone este nuevo régimen”, puntualizó.

Frente a esta situación, el Poder Judicial realizó relevamientos y comenzó mesas de trabajo con otros organismos. “Hemos empezado una mesa de trabajo también con representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa”, acotó y reiteró que el objetivo es mejorar la infraestructura y sumar recursos humanos especializados.

Además, remarcó la necesidad de incorporar profesionales de distintas disciplinas. “No solo salud física, sino salud mental”, apuntó Arias.

¿Está preparada Jujuy para aplicar el nuevo régimen penal juvenil?

De cara a la entrada en vigencia de la ley, prevista para septiembre, Arias sostuvo que la provincia cuenta con una base previa sobre la cual trabajar. “Jujuy no empieza de cero”, introdujo en esta línea. La magistrada explicó que ya existían normas locales vinculadas a la especialización. “Jujuy ya se venía preparando”, aseguró. Sin embargo, reconoció que todavía quedan desafíos pendientes.

“No estamos en un servicio óptimo” y precisó Arias quien remarcó que "nos toca reforzar, reasignar cargos, reacomodar y capacitar”. También advirtió que será necesario destinar mayores recursos económicos. “Sí o sí va a ser necesario un refuerzo de las partidas presupuestarias”, añadió.

Aun así, descartó pedir una prórroga para la entrada en vigencia de la ley. “Esta ley entra en vigencia y nos tiene que agarrar preparados”, acotó.

Qué significa una justicia penal especializada

Los magistrados coincidieron en que la especialización es uno de los pilares del nuevo sistema. Para Kamada, la especialidad no pasa únicamente por ocupar un cargo determinado. “El principio de especialidad no es solamente estar sentado en el cargo”, sintetizó. Tampoco se limita a acumular cursos o certificados. Según explicó, implica formación, práctica y capacidad para comprender la realidad de quienes atraviesan el sistema. “Tiene que ver con tener o haberse formado en la verdadera empatía hacia lo que está juzgando”, remarcó.

Mercedes Arias amplió el concepto y sostuvo que la especialización debe alcanzar a todos los actores involucrados. “Necesitamos un fiscal especializado, un defensor especializado y un gabinete de profesionales interdisciplinario”, sostuvo y destacó que incluso el primer contacto institucional con el adolescente requiere formación específica.

Cómo se explicará la nueva ley a adolescentes y familias

El Poder Judicial ya trabaja en estrategias de difusión y capacitación destinadas a adolescentes, docentes y familias. Mercedes Arias, quien además está a cargo de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes, adelantó que se desarrollarán programas específicos. “Estamos elaborando capacitaciones para llegar, en forma directa, con la información que requieren los chicos”, detalló. El objetivo es explicar qué cambia con la nueva normativa y cuáles son las responsabilidades que implica.

Las actividades incluirán escuelas de toda la provincia y espacios como la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Ya estamos con programas para salir a todas las escuelas, no solamente en San Salvador, sino en todo el interior de la provincia”, señaló y resumió el objetivo de esta etapa de formación: “Capacitar sobre cuál es el nuevo contexto, qué ley les rige y qué significa ser responsable de derechos y también de todo lo que hagan”.

Las preguntas de la audiencia: penas, rol de los padres y supervisión

Sobre el final del programa, los especialistas respondieron consultas enviadas por la audiencia vinculadas con la aplicación práctica del nuevo régimen penal juvenil.

• ¿Qué tipo de penas prevé la nueva ley?

La jueza María del Rosario Hinojo explicó que uno de los aspectos más complejos del nuevo régimen es justamente el sistema de sanciones. “Tiene previstas penas que dice ‘medidas complementarias’, que sí o sí van adosadas a una pena. O sea, no son autónomas”, señaló. Según detalló, la norma incorpora medidas socioeducativas, terapéuticas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y restricciones de conducta.

Por su parte, el juez Luis Kamada señaló que la ley también incorpora figuras propias del derecho civil. “Prevé la reparación integral, prevé una indemnización”, sostuvo.

Y planteó interrogantes sobre su aplicación práctica. “Es una pena altísima, de 15 años”, señaló en relación a la pena prevista.

• El rol de los padres y la capacitación

La jueza Mercedes Arias destacó que las familias también serán parte del proceso de formación y difusión de la nueva normativa. “Invitando a participar no solamente a los alumnos y a los docentes, sino también a los padres”.

• ¿Quién supervisará a los adolescentes?

Otro de los cambios que introduce el régimen es la figura del supervisor, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de determinadas medidas. Kamada explicó que se trata de un rol especializado. “Es un supervisor especializado que no lo hace solo, sino con el apoyo de un equipo interdisciplinario”, comentó y advirtió que será la provincia la que deberá implementar esa estructura.

“No es solamente un cuidador del cumplimiento de la pena”, aseguró y explicó que deberá contar con formación en distintas áreas. “Tiene que tener conocimientos en psicología, en salud, en educación y en programas de salida laboral”, acotó.