La secretaria general de Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, tomó la decisión de retirar la medida cautelar que impedía que se reprodujeran los audios que la asocian a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Karina Milei retiró la cautelar que impedía reproducir los audios de las presuntas coimas
La secretaria general de la Presidencia decidió retirar la medida que impedía difundir las grabaciones que se le atribuye a la causa por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS).
Cabe destacar que esto se produjo luego de una ola de rechazos provenientes de abogados, funcionarios, y otros sectores como ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), quienes calificaron el hecho como un "acto de censura" que "afecta la libertad de expresión".
¿Qué dice la presentación ante el Juez?
En una presentación ante el Juez, Alejandro Maraniello, Karina Milei explicó que "los audios divulgados no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad de su familia". Además sostuvo que "las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal con el objetivo de desinformar y causar daño político y personal".
De tal forma, Manuel Adorni, vocero presidencial, tildó el hecho como una “maniobra golpista", expresando: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Maraniello, quién fue el encargado de que el material no se difundiera en los medios de comunicación, aclaró que la restricción era de caracter provisorio y excepcional.
En el gobierno Nacional temían por la posibilidad de que culaquier otro funcionario haya sido espiado y grabado durante el tiempo de gestión libertaria, por lo cuál según ellos no se centraron en el contenido de los audios de Karina Milei.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que "Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa” en la denuncia penal que presentó ante la Justicia Federal.
El escrito afirma que las grabaciones forman parte de una “burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, que tuvo como objetivo atacar a una de las principales figuras del Gobierno.
Para el Gobierno, no se trató de una filtración casual, y consideran, además, que el momento de la difusión tampoco fue inocente: los mismos comenzaron a circular en plena recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y a pocas semanas de los comicios nacionales del 26 de octubre.
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