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SUSCRIBITELa administración nacional planea suprimir la independencia económica de la entidad y trasladar la gestión de adquisiciones al ámbito del Ministerio de Salud.
El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia de Discapacidad.
El Gobierno resolvió implementar cambios en el esquema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la difusión de grabaciones de Diego Spagnuolo, donde acusa un posible pedido de sobornos dentro de la entidad. Es la primera disposición que impulsa el Gobierno tras los avances judiciales en torno a la investigación.
Desde Balcarce 50 planean retirarle al organismo descentralizado la independencia financiera, con el objetivo de impedir que realice compras o contratos sin la supervisión directa del Ministerio de Salud.
“La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, explicaron fuentes oficiales.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue instaurada durante el mandato de Mauricio Macri mediante el decreto 698 de 2017, que le otorgó “autarquía económico financiera y personería jurídica propia”. Esa disposición le permitió manejarse sin la tutela de un ministerio en lo referente a adquisiciones y, además, aprobar su propio marco normativo para las contrataciones.
Por este motivo, en Balcarce 50 planean avanzar hacia un esquema más centralizado, lo que implicará que la entidad deba operar obligatoriamente a través del Sistema Electrónico de Compras (Compr.ar), bajo la fiscalización de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el mismo mecanismo que rige para ministerios, secretarías y demás áreas de la administración estatal.
Los especialistas de la Casa Rosada vienen elaborando un informe desde que trascendieron las primeras grabaciones del exresponsable de la agencia, en las que admitía anomalías vinculadas a la contratación de la droguería Suizo Argentina.
Tras la llegada de Alberto Vilches como interventor, el Ejecutivo resolvió avanzar con una reforma en el esquema de adquisiciones de la ANDIS. Desde el Gobierno remarcan que se revisará minuciosamente cada licitación, compra sin concurso y operación autorizada por mecanismos excepcionales.
El Gobierno insiste en que revisará el convenio de la ANDIS con la firma Suizo Argentina, actualmente bajo investigación judicial, causa en la que ya se llevaron a cabo operativos y se incautó el teléfono de Spagnuolo. Desde el oficialismo remarcan que, si se demuestra que existieron anomalías, el presidente procederá a desplazar a “todos los implicados en el proceso”.
En el entorno más cercano a la Casa Rosada acordaron una estrategia luego de las revelaciones conocidas y solicitaron tanto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que se pronuncien en los medios. Reiteran que no está previsto que el mandatario se exprese en lo inmediato sobre este asunto durante sus presentaciones públicas.
El oficialismo remarca que pondrá a disposición del Poder Judicial todo el material reunido durante la revisión en la ANDIS y no descarta llevar a Spagnuolo a los tribunales. Dentro del Gobierno reconocen que se evalúa encontrar un responsable que funcione como un fusible para intentar encauzar la interna, una de las mayores inquietudes en la antesala de la campaña.
Desde la Casa Rosada describen los audios como el “peor escándalo” de la administración y advierten que el hecho generó una fuerte parálisis en la estructura oficial. Tras la crisis, se sucedieron encuentros entre Guillermo Francos, Karina Milei y Santiago Caputo para consensuar la línea de comunicación pública. En una de esas reuniones también estuvo presente el abogado Francisco Oneto.
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