El proyecto del Gobierno nacional para desarticular la Dirección Nacional de Vialidad quedó suspendido por orden judicial. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín emitió una medida cautelar que impide al Ejecutivo avanzar con el decreto 461/2025, que preveía la disolución del organismo.
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La Justicia frenó el decreto de Javier Milei que disuelve Vialidad
Un juzgado federal frenó por seis meses la aplicación del decreto que buscaba desmantelar Vialidad. La decisión impide cesantías, traslados y reestructuraciones.
La resolución tiene una validez inicial de seis meses y establece que durante ese período no podrán ejecutarse ceses, reubicaciones, modificaciones de estructuras ni traslados vinculados a Vialidad. La medida responde a una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que cuestionó el alcance y la forma en que se intentaba llevar adelante la reorganización.
Protección laboral y cuestionamientos al procedimiento
La jueza Martina Forns, a cargo de la causa, consideró que el planteo sindical merecía ser atendido y resolvió aplicar una medida de no innovar. Esto significa que ninguna disposición derivada del decreto podrá concretarse mientras se analizan los efectos de fondo.
La magistrada se apoyó en tratados internacionales con jerarquía constitucional para fundar su decisión, entre ellos varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen la negociación colectiva y el derecho a condiciones de trabajo pactadas.
Un freno a la reorganización estatal
El freno judicial representa un obstáculo para la estrategia del Gobierno de avanzar rápidamente con la reconfiguración de entes públicos. La disolución de Vialidad Nacional formaba parte de un paquete más amplio de reformas orientado a reducir estructuras estatales, pero ahora ese camino quedó paralizado en los tribunales.
Además de limitar la ejecución del decreto, la cautelar impide tomar medidas que afecten a los trabajadores del organismo, como el pase a disponibilidad o el cierre de dependencias. Desde Sevina afirmaron que la intervención judicial da tiempo para revisar la situación y discutir una salida consensuada.
Qué puede pasar ahora
La cautelar se extenderá por seis meses, plazo en el que el juzgado evaluará el fondo de la cuestión. Mientras tanto, cualquier decisión administrativa relacionada con Vialidad deberá quedar en suspenso. El Gobierno todavía no se pronunció sobre si apelará el fallo o esperará una resolución definitiva.
El expediente pone nuevamente en debate el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para aplicar reformas estructurales por decreto, y reabre la discusión sobre los límites de la reorganización estatal sin pasar por el Congreso ni por instancias de diálogo con los sectores afectados.
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