La vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una amnistía general que habilita la eventual liberación de dirigentes políticos, activistas, abogados, periodistas y otros detenidos por razones políticas, de acuerdo con la legislación aprobada por el Parlamento.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía
La norma fue promulgada pocas horas después de su aprobación y habilita la liberación de detenidos por causas políticas desde 1999.
La disposición fue rubricada horas después de su sanción y contempla la revisión urgente de causas judiciales vinculadas a episodios de confrontación política ocurridos desde 1999.
Un giro político tras la caída del chavismo
La sanción de la norma implica un cambio de rumbo en la dinámica política venezolana, luego de años en los que el oficialismo rechazó la existencia de detenidos por razones políticas. Este viraje tiene lugar semanas después de la detención de Nicolás Maduro en el marco de un operativo militar estadounidense en Caracas, hecho que dio paso a la conformación de una administración transitoria y a la implementación de medidas orientadas a revertir políticas previas.
Durante el acto de sanción de la ley, Rodríguez aseguró que el proyecto evidencia una modificación en la postura del liderazgo político. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, sostuvo. Asimismo, definió la medida como un avance clave hacia la reconciliación nacional y remarcó que apunta a que el país logre “una convivencia democrática y pacífica”.
“Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, concluyó.
Alcance de la amnistía y sus límites
La normativa recientemente puesta en vigencia dispone el otorgamiento de un perdón general a personas que hayan sido procesadas o sentenciadas por acontecimientos vinculados a disputas de carácter político, social o institucional producidas desde 1999, entre ellos hechos de violencia, movilizaciones callejeras, concentraciones públicas y acciones vinculadas a instancias electorales.
Asimismo, contempla situaciones originadas tras las protestas que siguieron a los comicios presidenciales de 2024, período en el que se llevaron a cabo arrestos masivos a nivel nacional, incluidos adolescentes.
La disposición establece la revisión urgente de causas judiciales que involucran a referentes opositores, militantes sociales, defensores de derechos fundamentales, letrados y trabajadores de prensa arrestados en distintos períodos de tensión interna.
No obstante, fija limitaciones concretas: quedarán excluidos del beneficio quienes impulsen, inciten, gestionen, respalden, faciliten, financien o intervengan en acciones de carácter armado o coercitivo contra la población, la soberanía nacional o la integridad territorial de Venezuela con asistencia de actores externos.
Expectativas y reclamos de organismos de derechos humanos
Entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos monitorearon de manera atenta el tratamiento parlamentario de la iniciativa. En ese contexto, el vicepresidente y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló, antes de la finalización de la discusión legislativa, que el Congreso contaba con la posibilidad de evidenciar una voluntad concreta en favor de la reconciliación del país.
A través de publicaciones en redes sociales, remarcó que el procedimiento debía llevarse adelante respetando los derechos fundamentales y asegurando garantías reales para quienes fueron víctimas de detenciones arbitrarias.
De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos. Tras la captura de Nicolás Maduro, las autoridades que asumieron el poder comunicaron un esquema de excarcelaciones graduales y confirmaron la liberación de 448 arrestados.
Sin embargo, la mayoría obtuvo regímenes de libertad bajo condiciones, lo que motivó cuestionamientos por parte de familiares y organizaciones, que reclamaron la liberación plena de los afectados.
Presión social y posibles liberaciones en el corto plazo
En los días anteriores a la entrada en vigencia de la ley, allegados de personas privadas de libertad montaron carpas frente a distintos establecimientos penitenciarios para reclamar que la amnistía se implemente sin demoras. Asimismo, un conjunto de mujeres llevó adelante una huelga de hambre para exigir la liberación de sus familiares, varios de los cuales siguen detenidos sin una condena definitiva.
El nuevo marco normativo habilita eventuales liberaciones adicionales en el corto plazo y modifica el abordaje del Estado respecto de quienes están encarcelados por causas políticas. Su impacto concreto estará atado a la celeridad con que los organismos judiciales y administrativos avancen en la evaluación de los expedientes y otorguen los beneficios contemplados.
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