Ley de Tierras: el Senado debate los cambios que impulsa el Gobierno

En términos generales, la propuesta plantea una serie de reformas sobre distintas regulaciones vigentes, entre ellas la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Expropiaciones, la normativa vinculada a barrios populares y el régimen establecido para las tierras rurales.

Aunque el oficialismo logró quedarse con el dictamen de mayoría durante esa etapa del tratamiento legislativo, la realidad es que los detalles del proyecto despertaban importantes objeciones, incluso dentro de los espacios que suelen acompañar al gobierno de Javier Milei, como el PRO y la UCR. Del mismo modo, varios senadores pertenecientes a distintos partidos y expresiones políticas provinciales también manifestaron sus reparos frente a la iniciativa.

Desde aquel 20 de mayo hasta la actualidad, el proyecto atravesó numerosas revisiones: en total, se difundieron 13 versiones del dictamen, incorporando cambios impulsados a partir de los planteos realizados por los sectores aliados al oficialismo. A pocas horas del inicio de la sesión, el Gobierno sostiene que la decimotercera modificación corresponde al texto definitivo y afirma que ya tiene garantizados los respaldos necesarios para conseguir su aprobación en el recinto.

A pesar de los cambios incorporados al texto, distintos sectores opositores —al igual que organizaciones y referentes de la sociedad civil— continúan expresando su preocupación por las consecuencias que podrían generar las modificaciones propuestas. Entre los principales cuestionamientos aparece la defensa del interés nacional y el impacto que la reforma podría tener sobre ese aspecto.

El espacio que encabeza las críticas contra la iniciativa es el Partido Justicialista (PJ), especialmente porque la normativa que se busca modificar fue aprobada en 2011, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

Qué dice la ley de Tierras

La normativa aprobada en 2011 establece restricciones sobre la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales, con el objetivo de resguardar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. En ese sentido, determina que los ciudadanos o compañías extranjeras no pueden concentrar más del 15% de la superficie rural total de un territorio, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, la ley incorpora un criterio relacionado con el origen de los propietarios. Dentro de ese límite general del 15%, los compradores pertenecientes a una misma nacionalidad no pueden representar más del 30% de esa participación permitida, lo que equivale al 4,5% del territorio total.

Por otra parte, la regulación fija un tope individual para cada propietario extranjero: una misma persona o entidad no puede ser titular de más de 1000 hectáreas en la denominada “zona núcleo”, o de una extensión equivalente según las características productivas de otras áreas del país.

Finalmente, la normativa establece una restricción para la transferencia de determinados territorios a propietarios extranjeros. En particular, impide la adquisición de terrenos que incluyan cursos o reservas de agua permanentes de relevancia, como ríos, lagos o glaciares, y también aquellos ubicados dentro de áreas consideradas de seguridad en zonas fronterizas.

Qué propone La Libertad Avanza

Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier durante la conferencia de prensa del último martes, la finalidad del proyecto que impulsa el Gobierno es “afianzar lo establecido en la Constitución Nacional de la República Argentina”, al reconocer a la propiedad como un derecho fundamental e inalterable.

Desde el oficialismo sostienen que, tras décadas de incertidumbre jurídica, la falta de previsibilidad terminó desalentando la llegada de inversiones y, como consecuencia, limitó las posibilidades de desarrollo y generación de empleo que otros países lograron aprovechar.

Al referirse a las modificaciones propuestas para la Ley de Tierras Rurales, Ravier señaló que la intención del oficialismo es “levantar las restricciones generales a la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. Además, sostuvo: “Argentina se hizo grande en parte gracias a quienes llegaron desde otros países, invirtieron, produjeron y se hicieron propietarios. No tiene sentido seguir cerrándoles la puerta”.

Y concluyó: "La Ley diferencia entre inversores privados y Estados extranjeros, proponiendo endurecer los controles de los segundos, sus empresas y las sociedades que controla”.

Más allá del objetivo general de la norma, que en términos generales contaba con el respaldo de los sectores aliados al Gobierno, las principales objeciones se concentraron en los aspectos más específicos del proyecto. En particular, los cuestionamientos estuvieron vinculados con los puntos referidos a la posibilidad de que Estados extranjeros puedan adquirir tierras, así como también a las operaciones que involucren empresas de capital estatal extranjero o terrenos ubicados en áreas de frontera.

Las primeras señales de preocupación aparecieron a partir del análisis de la versión inicial del proyecto. Aunque la redacción establecía que los organismos gubernamentales extranjeros no podían ser titulares de dominio ni poseedores de tierras rurales en el país, también incorporaba una salvedad que generó cuestionamientos: “Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que la operación no constituya un riesgo para la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”.

Ese criterio de “excepcionalidad” quedaba sujeto a la decisión de la autoridad encargada de aplicar la normativa. Frente a esa situación, algunos sectores plantearon que, como requisito mínimo, cualquier autorización de ese tipo debería contar con la aprobación previa del Congreso.

Ley de Tierras: versión final

Luego de atravesar 13 versiones preliminares, el proyecto habría alcanzado finalmente una formulación que logró conformar a los sectores aliados del oficialismo. ¿Cuál es el contenido de la nueva redacción? Según el borrador al que accedió Ámbito, el texto establece que “las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales” quedan reducidas a dos supuestos. El primero de ellos corresponde a “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”.

Por otra parte, la iniciativa también establece “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten”.

Sin embargo, respecto de esta segunda limitación, el proyecto incorpora una excepción al señalar: “Salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. Además, la redacción precisa que este impedimento “se regirá por el régimen de silencio administrativo” previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 19.549.

La normativa indica que, cuando la Administración no emita una respuesta expresa o mantenga una postura indefinida ante solicitudes que demanden una decisión específica, esa falta de pronunciamiento será considerada como una aprobación. Es decir, si tanto la autoridad provincial como el Estado nacional no manifiestan una objeción dentro del procedimiento correspondiente, la autorización se entenderá como otorgada.

Más adelante, el proyecto establece que aquellos extranjeros que pretendan adquirir inmuebles rurales situados en zonas de seguridad de frontera deberán contar también con el aval de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Para este tipo de operaciones, el texto mantiene la aplicación del mecanismo de silencio administrativo.

Con las modificaciones incorporadas, que contarían con la aprobación de los sectores aliados a la gestión de Javier Milei, Patricia Bullrich busca conseguir una victoria legislativa en el Senado luego del período de bloqueo que atravesó la Cámara alta durante las últimas semanas. Esa demora estuvo vinculada no solamente al conflicto generado alrededor de Manuel Adorni, sino también a las extensas conversaciones y acuerdos que se desarrollaron en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.