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Alberto Fernández limitó las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia con un decreto
Tal como lo anticipó en el discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Alberto Fernández recortó las facultades de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El cambio de la Ley de Inteligencia se da por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 214/2020 publicado en el Boletín Oficial. Esta medida prohíbe a los agentes que sigan siendo auxiliares de la Justicia. Por otro lado ordenó a través de otro decreto la desclasificación de la información aportada por los espías en relación al atentado a la AMIA.
Fernández determinó que el organismo estará impedido de realizar "tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal". De esta manera modificó la ley 25.520, que había establecido una "excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales".
Estipuló que "corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia".
El decreto firmado por el Presidente y todos sus ministros determinó que la AFI no podrá "influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo".
Por otra parte podrá "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción". Además tendrá prohibido "revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".
Fernández también derogó el decreto 656/16, por el que el gobierno de Mauricio Macri eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo. Fernández criticó esa resolución, que consideró que "implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley N° 25.520 y, en especial, su modificatoria N° 27.126".